Este 2022 se cumplen diez años que las familias Pérez Rodríguez y Mendiola Acosta iniciaron la búsqueda de sus familiares desaparecidos en la carretera 85, que atraviesa el municipio de El Mante, en Tamaulipas, un territorio asolado por la violencia del crimen organizado. Sus búsquedas han dado respuestas sobre qué pasó con cientos de personas desaparecidas en esa región inhóspita.
Su compañera en Familias Unidas, Ariana García Bosque, destaca que el principal legado que deja es el esfuerzo de una madre para mover todo en busca de su hijo.
Ni el gobierno estatal ni funcionarios diplomáticos de Honduras le informaron a la familia que está libre el agente de la Fiscalía General que le disparó el 31 de julio de 2019.
Las infancias y adolescencias desaparecidas sufren una doble revictimización. Ni autoridades estatales ni federales llevan un conteo exacto de la niñez desaparecida.
La buscadora recuerda a su hijo como un joven siempre atento y detallista, además de trabajador y dedicado a sus estudios. Poco antes de su desaparición, el 20 de julio de 2009, se había graduado de la carrera de Mercadotecnia.
El pasado 25 de junio varias personas vestidas con playeras y blusas color rojo se concentraron en el CRIH y un sujeto no identificado dijo que se trataba de un “evento privado” en el inmueble público.
Al igual que los memoriales del “Árbol de la esperanza” -que hay en Torreón y Saltillo- esperan que esta iniciativa pueda replicarse y abonar a la memoria y resistencia de las familias que buscan a sus seres queridos.
A casi un mes de que una de sus integrantes acudiera a denunciar actos de hostigamiento, abuso de autoridad y robo por parte de elementos de la Policía Municipal, el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUUNDEC-FUNDEM) se pronunció por los nulos avances en la investigación y seguimiento por parte de … Read more
En un país con más de 100 mil personas desaparecidas sólo existen 36 sentencias por desaparición forzada. Algunos integrantes del ejército, la Marina, agentes ministeriales o policías federales y locales han sido llevados a tribunales; pocos han sido encontrados culpables. Las penas que han recibido son mínimas. El más claro reflejo de la impunidad está en que, durante casi todos los juicios, no se ha logrado conocer el paradero de las víctimas.
En una esquina estaban los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la represión, en la otra, los familiares de militares muertos o sobrevivientes a atrocidades cometidas por ellos mismos, como la masacre del 68, o en enfrentamientos con la guerrilla. En la ceremonia inaugural de la Comisión de la Verdad, ocurrida en el campo militar donde se operaron las torturas y desapariciones forzadas de personas, se anunció la agenda de investigación de crímenes del pasado y se lanzó un polémico discurso de “reconciliación” con homenajes a ambos bandos