Caso Villas de Salvárcar: justicia tardía e impunidad latente

Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en whatsapp
Compartir en email

Las manchas de sangre dentro y fuera de la casa con el número 1310 de la calle Villa del Portal, en la colonia Villas de Salvárcar ya se desvanecieron, pero el dolor de los padres, amigos y familiares de las víctimas continúa intacto.

A más de 12 años de la masacre en ese sitio, donde 15 personas perdieron la vida, la mayoría menores de edad, luego de que sicarios ingresaran a la vivienda donde se llevaba a cabo un convivio, el reclamo de los padres sigue siendo el mismo: justicia. 

La casa ahora se ha convertido en un memorial para recordar a las víctimas, donde se puede ver la fotografía de cada una de ellas; adornadas con flores, guitarras, veladoras. Pero también, ese lugar, se volvió una zona frecuentemente visitada desde aquella fatídica noche del 30 de enero del 2010.

Jóvenes son recordados por vecinos del sector con cuadros/Fotografía: Karen Cano

Las autoridades detuvieron en ese mismo año a José Dolores Arroyo Chavarría, Juan Alfredo Soto Arias, Aldo Favio Hernández Lozano y Heriberto Martínez, quienes fueron sentenciados el 11 de julio del 2011 a 240 años de prisión cada uno. 

Ese año también hubo otro detenido, Israel Arzate Meléndez, también acusado de participar en el atentado. Sin embargo, el hombre fue liberado, luego de que se determinó que fue torturado por elementos del Ejército Mexicano para que confesara su participación, situación que quedó asentado también en la recomendación 49/2011 de la CNDH. 

Mientras que el pasado mayo del 2020, en Cuernavaca, Morelos, el presunto autor intelectual de la masacre, Luis Gerardo M., alias “El Tío”, fue arrestado por elementos del Ejército Mexicano, a quien, además, se le adjudicó la muerte de otras 900 personas. 

Pese a los arrestos, el daño no ha sido resarcido, según comentaron los familiares, ya que la herida sigue abierta. 

Y es que este hecho, que se volvió emblemático para esta frontera, no solo causó el daño a las 15 víctimas fatales y otras 10 personas que resultaron lesionadas, pues se reconocieron 83 víctimas directas e indirectas en total, por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de Chihuahua (CEAV). 

Un hombre recorre el recinto donde se encuentran las 15 víctimas de la masacre/Fotografía: Karen Cano

Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizó la Recomendación 50/2011, luego de que examinó los elementos y evidencias contenidos en el expediente CNDH/2/2010/798/Q, relacionado con el caso de las víctimas y ofendidos del delito, por los hechos ocurridos el 30 de enero de 2010, en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Debido a este hecho, la CNDH consideró que se vulneraron los derechos de las víctimas y de sus familiares, por lo que la recomendación emitida también contemplaba la reparación del daño por parte de las autoridades. 

“Esta Comisión Nacional advierte que servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia y del Poder Judicial del estado de Chihuahua vulneraron en perjuicio de las personas directamente afectadas por el delito, así como de sus familiares, los derechos humanos a la seguridad jurídica, al trato digno y a la debida procuración de la justicia, así como el derecho a la integridad y seguridad personal y a la protección de la salud, por acciones y omisiones que transgreden los derechos que tienen en calidad de víctimas y ofendidos del delito”, señala el documento. 

Una de estas víctimas indirectas es Luz María Dávila, la madre de José Luis y Marcos Piña Dávila, quienes tenían 16 y 19 años, respectivamente, el día que fallecieron. Hasta la fecha, para la mujer el caso no está cerrado, pues siente que no se hizo justicia, reveló. 

El hecho 

La noche del 30 de enero del 2010, al menos 60 personas festejaban un convivio en la casa #1310 de la calle Villa del Portal, en el cruce con la Villa del Sauzal, donde se encontraban en su mayoría jóvenes estudiantes del Colegio de Bachilleres 9, del CBtis 128 y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

Esa noche, entre las 11:30 y 11:50 de la noche, un grupo de hombres armados acudieron al lugar donde se realizaba la fiesta, cerraron las calles con los vehículos, para después ingresar al domicilio y disparar en contra los asistentes, ya que aparentemente se encontraban integrantes de la banda de “Artistas Asesinos”.

De acuerdo con archivos periodísticos, según uno de los primeros detenidos, José Dolores Arroyo Chavarría, el asesinato se ordenó por parte del Cartel de Juárez. 

En el ataque murieron Brenda Ivonne Escamilla, Jesús A. Segovia Ortiz, José Luis Piña Dávila, José Adrián Encina Hernández, Horacio A. Soto Camargo, Marcos Piña Dávila.

También José Luis Aguilar C., Juan Carlos Medrano, Carlos Lucio Ávila, Rodrigo Cadena D., Edgar Martín Díaz M., J. Enríquez Miramontes, Jaime Rosales C., Manuel Hernández Villegas y Eduardo Becerra.

El hecho se volvió de interés nacional, por lo que, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, fue cuestionado sobre su promesa de campaña: la estrategia para el combate a la delincuencia.

En esa ocasión, el jefe del Ejecutivo respondió que la masacre se trató de un ajuste de cuentas, así como “en algo andaban”, refiriéndose a la razón del ataque. 

Este comentario provocó el enojo e indignación de los familiares de las víctimas, por lo que después tuvo que disculparse públicamente e inició con el proyecto “Todos Somos Juárez”, en donde se incluía la construcción de un parque deportivo en memoria de los fallecidos. 

Unidad Deportiva Villas de Salvárcar, ubicada en el cruce de las calles Villa del Cedro y San Cipriano/Fotografía: Google Maps

En el 2010 se inicia con la construcción de la obra “Unidad Deportiva de Villas de Salvárcar”, además de una biblioteca, la cual fue inaugurada por Calderón Hinojosa oficialmente el 17 de febrero del 2012. 

Memorial 30 de Enero

A pesar de las recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto al caso, en donde se solicita al Estado Mexicano y las autoridades correspondientes la reparación del daño, derivado de la responsabilidad en que incurrieron los servidores públicos, pasarían siete años para la construcción de un memorial. 

Placa Memorial 30 de Enero Villas de Salvárcar/Fotografía: Karen Cano

El 30 de enero del 2017, el entonces gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, entregó la vivienda donde se realizaron los asesinatos, para que se convierta en un oratorio para la comunidad de esa zona.

Luz María no había regresado a esa vivienda después de que ocurrió el ataque. La madre de familia platicó que únicamente había ingresado dos veces: la primera, cuando encontró a sus hijos muertos y la segunda, ese día que se realizó el evento protocolario de la entrega de la casa a los vecinos del sector.

Luz María Dávila durante el evento de entrega de la vivienda donde ocurrió la masacre/Fotografía: Cortesía

“Quise entrar para que el gobernador también entrara, pero fue muy difícil para mí porque ya son siete años de esperar justicia, siete años para que nos resuelvan la reparación del daño, siete años que para nosotros es como si hubiera sido ayer”, reveló la madre ese día a este medio antes de romper en llanto.

Mencionó también que, al igual que los padres y familiares de las otras víctimas, recordaba el estruendo de los disparos durante el ataque, pero lo peor para ella es que cualquier deseo suyo sería en vano, ya que no volvería a ver a sus hijos.

Reina Alicia Hernández, madre de José Luis Encina Hernández, una de las víctimas/Fotografía: Cortesía

Impunidad en los homicidios

Esta frontera es “reconocida” por los hechos violentos y de inseguridad que se registran constantemente, hasta el punto de que fue considerada, por un tiempo, “la ciudad más peligrosa del mundo”. Las múltiples masacres en diferentes ocasiones son ejemplo de ello, siendo el caso Villas de Salvárcar uno de los más recordados, ya que se registró durante la época más oscura de la ciudad y que más ha dolido a sus habitantes. 

Sin embargo, la situación, pese a que no se encuentra como en el 2010 -año en que se registraron más de tres mil homicidios-, la respuesta de las autoridades aún es tardía, lo cual se puede comprobar con los índices de impunidad que hasta la fecha persisten. 

Incluso, cabe recordar que a 12 años del atentado en Villas de Salvárcar, el pasado mes de agosto se registraron 123 homicidios dolosos en Ciudad Juárez, 11 de ellos durante una jornada violenta donde también hubo quema de establecimientos, así como una masacre afuera de un negocio de comida rápida donde murieron cuatro trabajadores de los medios de comunicación. 

Memorial de José Luis Encina Hernández/Fotografía: Karen Cano

En ese mes hubo 123 asesinatos, entre los que destacan los ocurridos durante la jornada violenta del jueves 11; en donde en hechos distintos, un niño, dos mujeres y cuatro trabajadores de los medios de comunicación fallecieron.

El índice de impunidad en esta frontera, al igual que en todo el país, es elevado, pues actualmente, el 88 por ciento de los homicidios dolosos que se registran en Ciudad Juárez quedan sin resolver. Esto significa que, de cada 100 homicidios, solo 12 se resuelven. 

Esta información fue dada a conocer por Guillermo Asiaín Aguilar, presidente de la Mesa de Seguridad y Justicia en Ciudad Juárez.

Expuso que se ha logrado un pequeño avance en este sentido, pues el año pasado, el índice de impunidad era del 95 por ciento. 

Agregó que la meta es resolver uno de cada cuatro homicidios dolosos en la localidad, sin embargo, aún nos encontramos muy lejos de esta expectativa. 

También que se requiere mayor participación de la ciudadanía en cuanto a la denuncia de los delitos, así como capacitación y recursos para las autoridades investigadoras, ya que en promedio cada agente investigador tiene 500 carpetas a su cargo. 

Un hombre recorre el recinto donde se encuentran las 15 víctimas de la masacre/Fotografía: Karen Cano

Además, de acuerdo con el informe “Así Estamos Juárez 2022”, durante el 2021, solo el 6.6 por ciento de las personas que fueron víctimas de un delito hizo una denuncia formal ante las autoridades correspondientes.