En Coahuila hay registro de más de 12 mil víctimas derechos de asistencia, ayuda y reparación integral no son cubiertos porque la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV) no cuenta con personal ni recursos suficientes.
En Coahuila se han emitido más de 400 recomendaciones por violaciones de derechos humanos desde 2018, recomendaciones que no cumplen las instituciones, pues apenas una de cada 10 han sido resueltas. Si la reparación del daño es un derecho de la víctima, ¿por qué lo ignoran?
El hallazgo de tres hornos crematorios clandestinos, realizado por el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, ofrece una nueva postal de cómo la opera en el estado una maquinaria de muerte y desaparición, pero también da evidencia de cómo el trabajo colectivo de madres buscadoras puede arrancar a la impunidad y la barbarie todo aquello que desean ocultar.
Las historias de tres hombres que buscan obtener justicia y restaurar la memoria de sus hijos y hermanos, quienes antes de ser desaparecidos se dedicaban a estudiar, a trabajar en talleres de reparación de carros o como acompañantes de otras personas que vivían en soledad.
Del 1 de octubre de 2024, cuando Sheinbaum se convirtió en la primera presidenta de México, al 8 de enero de este año, desaparecieron 4,010 personas en el país, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Así lo señala el estudio especial realizado por la Auditoría Superior del Estado y evidenció que no fue aplicada una metodología adecuada.
Su labor empezaba a diversificarse: seguir en la exigencia por localizar a sus desaparecidos, empezar a trabajar en un marco legal e insistir en la visibilización de un tema que se estaba generalizando en el noreste del país.
La llegada inminente de Donald Trump al poder ocasionó que los migrantes aceleren su paso para llegar antes del 20 de enero a Estados Unidos.
El Estado Mexicano excluyó del Registro Nacional a más de 6 mil personas desaparecidas en seis estados y aprovechó la llamada estrategia generalizada de búsqueda para eliminar al menos 162 casos más. Estas acciones reflejan una grave falla en la gestión de la crisis de desapariciones durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y una desconexión entre las autoridades y las familias afectadas.
A un mes de llegar al poder, la presidenta no ha presentado un plan para enfrentar la crisis de desapariciones y de cuerpos sin identificar, y no ha respondido a las familias buscadoras que le han solicitado reunirse. Se ha limitado a afirmar que dará “seguimiento” a la metodología de búsqueda diseñada en la Ciudad de México y fortalecerá la Comisión Nacional de Búsqueda.