El Estado Mexicano excluyó del Registro Nacional a más de 6 mil personas desaparecidas en seis estados y aprovechó la llamada estrategia generalizada de búsqueda para eliminar al menos 162 casos más. Estas acciones reflejan una grave falla en la gestión de la crisis de desapariciones durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y una desconexión entre las autoridades y las familias afectadas.
A un mes de llegar al poder, la presidenta no ha presentado un plan para enfrentar la crisis de desapariciones y de cuerpos sin identificar, y no ha respondido a las familias buscadoras que le han solicitado reunirse. Se ha limitado a afirmar que dará “seguimiento” a la metodología de búsqueda diseñada en la Ciudad de México y fortalecerá la Comisión Nacional de Búsqueda.
Las familias de mujeres víctimas de desaparición son desalentadas a interponer una denuncia por este delito; especialistas ven una estructura de comercio y explotación sexual que la autoridad no quiere tocar.
Una carta perteneciente al archivo del Comité Eureka contiene una lista con 183 personas detenidas en México entre 1972 y 1974, cuyos cuerpos habrían sido arrojados al mar desde aviones que salieron de la base militar de Pie de la Cuesta en Acapulco. Expertos consideran creíble la información y señalan coincidencias con documentos de la época, pero piden cautela hasta verificar su contenido.
Aunque los gobiernos federal y estatales se comprometieron para impulsar a las Unidades de Análisis y Contexto para Atender la Violencia Feminicida (UAyC), las pocas que se han formado dependen del presupuesto federal para seguir en funcionamiento y en algunos casos no realizan las funciones correspondientes.
En Ciudad Juárez, el paisaje urbano se entrelaza con historias de angustia y esperanza, donde familias enteras continúan con una búsqueda incansable por sus seres queridos desaparecidos. Los días se convierten en una maratón de investigaciones personales, pegando carteles, organizando marchas y revisando cualquier pista que pueda llevarlos a la verdad. En medio de este … Read more
Las madres buscadoras, que han visibilizado la desaparición y han impulsado avances legislativos en la materia, tampoco han sido convocadas, en la mayoría de los casos, para mantener reuniones con los aspirantes a la presidencia y las gubernaturas.
En el caso de Coahuila, el titular de la Comisión de Búsqueda en Coahuila, Ricardo Martínez Loyola, señaló que sí recibieron un listado por parte de la CNB para depurar el registro.
El proyecto fotográfico “Mi familia no está completa” muestra el vacío que deja la desaparición de una persona. Estas madres de Chihuahua visibilizan ante las autoridades y la sociedad su causa, una búsqueda que nunca termina, y aseguran que no pararán hasta saber qué les sucedió a sus seres queridos, encontrarles y conseguir que se haga justicia.
Un día en el Castillo Verde de Tijuana. Un refugio para menores, migrantes, personas sin hogar y pacientes psiquiátricos.