Han pasado 16 años desde que el Gobierno del Estado de Chihuahua, creó la Subcomisión para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Aunque la incidencia ha crecido un 21.4% y las quejas de grupos vulnerables se incrementaron, no hay intenciones de ponerla a funcionar.
Para la comunidad de la diversidad sexual en América Latina y el Caribe, la garantía de una vivienda digna y segura se ve amenazada por la discriminación. Colectivos en Uruguay y México se organizan para lograr este derecho, mientras en Argentina y Puerto Rico organizaciones sociales buscan proteger los derechos LGBTI+
En medio de las dificultades para adquirir vivienda en América Latina y el Caribe, tres iniciativas habitacionales en Colombia, Bolivia y Argentina han desarrollado estrategias para facilitar que las mujeres puedan ser dueñas de sus viviendas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad.
Por ejemplo, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mostró que para 2010 apenas un 42% de las personas entre 15 y 39 años eran propietarios de su casa. En algunos países, como Colombia, solo un 21% de los jóvenes tenía una vivienda propia. Y quienes sí tienen, muchas veces viven en condiciones precarias.
Según la CEPAL, en 2020 América Latina y el Caribe estaba compuesta por 211 millones de personas entre 15 y 34 años, un 32,5% de la población total de la región. Al menos el 50% son mujeres y, en promedio, 9% son personas LGBTI+.
Al área donde se realizaron las primeras siembras se le llamó “Inexplicable”, ante la sorpresa que causó ver los primeros resultados con cosechas de legumbres en una tierra donde nadie se atrevía a realizar cosas diferentes que no fueran extraer carbón.
La comisionada nacional Teresa Guadalupe Reyes Sahagún ha cesado a decenas de funcionarios y especialistas forenses, mientras que en las direcciones generales ha colocado a antiguos colaboradores suyos o de la secretaria de Gobernación. Trabajadores del organismo advierten que recortan plazas para dar prioridad al área de búsqueda en campo.
Las cifras de homicidios violentos, secuestros o extorsiones han disminuido en Coahuila, pero en cambio han aumentado las consultas por estrés, depresión, ansiedad o ataques de pánico. ¿Son estos daños emocionales una secuela de la violencia de alto impacto que vivió el Estado y que no se trataron? Especialistas creen que puede ser un factor asociado y que se agravó con la pandemia.
La atención a las violaciones de Derechos Humanos está ausente en la Agenda para Mejorar la Calidad de Vida que el gobernador Manolo Jiménez Salinas presentó durante su campaña y que reúne los 10 ejes de lo que será su gobierno desde este primero de diciembre. En el sitio https://manolojimenez.mx/agenda/ están desglosados estos puntos, pero … Read more
La policía estatal fue utilizada para intimidar y disolver protestas ciudadanas. Entre los casos más destacados está el desalojo del plantón de profesores en la Plaza de Armas de Saltillo.