Saltillo, Coahuila.- Marco Tulio Perdomo quería dar una mejor vida a su esposa y a sus hijos, Eder Daniel y Nataly Janeth, y por eso decidió dejar Honduras y viajar a los Estados Unidos, señaló Egly Méndez, quien fuera su pareja desde el 2010.
A varios kilómetros antes de llegar a la frontera con Estados Unidos, donde se internaría de manera ilegal hasta su destino final que era Virginia, fue asesinado por un elemento de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Coahuila el 31 de julio de 2019.
El oficial no sólo le quitó la vida frente a su hija -que en ese entonces tenía 8 años-, sino que también pretendió relacionarlo con actividades ilícitas al sembrarle droga y armas, según determinó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila a través de la recomendación 58/2019.
“Estaba decidido a enfrentar los riesgos que conlleva llegar a los Estados Unidos. Cada vez más hondureños deciden mirar a Estados Unidos buscando una mejor vida familiar. Era un buen esposo y buen padre, pero se violó su derecho a la vida”, dijo al participar en videollamada desde San Pedro Sula, Honduras como parte del acto de disculpa pública del gobierno estatal por los hechos.
Egly Méndez aseguró durante la mañana de este 2 de septiembre que ni la indemnización ni la disculpa que recibió de parte del gobernador Miguel Angel Riquelme Solís y del fiscal Gerardo Márquez Guevara, le regresarán los planes que tenía la familia y pidió evitar que este tipo de hechos se repitan en el futuro.
Hoy el Estado d Coahuila RECONOCE q asesinó, mintió, criminalizó y destrozó una familia entera cuando asesinó a Marco Tulio delante de Emilie, su hija q, hace unos días, acaba de cumplir 11 años de edad. Su viuda expresa que la indemnización económica recibida no repara el daño. pic.twitter.com/sFKffUZr0c
— CasaMigranteSaltillo (@CDMSaltillo) September 2, 2022
“Que ninguna otra persona pase lo que yo sentí y que ninguna niña jamás tenga que presenciar…”, dijo sin poder terminar la frase al recordar lo que su hija vivió al ver cómo caía su padre sin vida.
El mensaje de Egly Méndez no fue conocido más allá de las personas que estuvieron presentes en el acto desarrollado desde el Palacio de Gobierno en Saltillo y lo resumido en un comunicado de prensa gubernamental, pues las transmisiones oficiales en las redes sociales del mandatario y la Fiscalía de Coahuila se centraron en los discursos de los funcionarios.
De igual forma el acceso fue restringido sin promoción previa, ni convocatoria oficial para la cobertura por parte de los medios de comunicación. El acceso le fue restringido a algunos reporteros, aunque después de reclamos pudieron ingresar y documentar todos los mensajes.
En su mensaje, el gobernador Miguel Riquelme Solís reconoció, por primera ocasión en más de tres años, que Marco Tulio era inocente de los cargos que quisieron atribuirle.
“En el presente acto reconocemos su inocencia y reconocemos que Marco Tulio, al igual que muchas otras personas en situación de migración en contextos similares, no debió morir. Ninguna persona debe ser tratada sin el debido respeto a su dignidad”, señaló.
Dijo admitir las fallas del gobierno estatal para garantizar el derecho de la población migrante y que vigilará que se cumplan las acciones de remediación del daño a la familia y mejore la capacitación de los elementos para evitar hechos similares.
En su intervención, Gerardo Márquez Guevara recordó que el agente de Investigación Criminal, Juan Carlos Valerio, es el responsable de haber privado de la vida a Marco Tulio y al aplicar el protocolo de Minnesota, se abrió una carpeta y se comprobó que se trató de ejecuciones arbitrarias.
Va hilo de lo ocurrido hoy en Palacio de Gobierno #Coahuila.
— Camelia Muñoz (@Camemual) September 2, 2022
1. No hubo convocatoria oficial, pero medios cercanos al gobierno estatal sí estaban enterados; en nuestro caso nos enteramos por otras fuentes.
2. A la entrada, policías nos impidieron el paso, no así a otro reportero. pic.twitter.com/2czzFw7vEl
El elemento fue sentenciado a más de cinco años de prisión y a pagar una indemnización de casi tres millones de pesos a la familia. Sin embargo, está en libertad y las autoridades impugnaron la determinación judicial que le concedió seguir el proceso fuera de prisión.
Cabe precisar que la disculpa pública forma parte de las medidas que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos estableció en la recomendación 58/2019, así como diversas acciones de reparación del daño.
Aunque no todo se ha cumplido cabalmente. Una investigación publicada por Heridas Abiertas el pasado 31 de julio da cuenta que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) cometió errores en determinar las acciones de remediación y privilegió el tema económico.