Huérfanos por feminicidio: Una herida viva

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Daysi Viridiana Martínez Soto fue asesinada a manos de su esposo el 16 de julio de 2016, su hijo de nueve años fue el único testigo de cómo su padre terminó con la vida de su madre. Amy y su hermano menor también fueron testigos de la muerte de su madre, Danna Milagros Cigarroa Rocha, el 11 de octubre de 2015.

Los tres son víctimas indirectas de un feminicidio, un estatus que sigue sin ser reconocido por las autoridades y la sociedad, que apenas afrontan tibiamente la violencia feminicida, la más cruenta expresión de una cultura machista arraigada, sistemáticamente tolerada si no es que hasta alentada.

Según la organización Save the Children, los infantes pueden ser objeto de violencia en diversas modalidades. Como víctimas perinatales cuando se ejerce alguna agresión contra ellos o su madre durante el embarazo, como víctimas directas de agresión al intentar proteger a su madre, al ser obligados o influenciados para colaborar en la desvalorización de la madre, como testigos presenciales de la agresión hacia su madre y al ser revictimizados por las autoridades cuando sus opiniones o testimonios son minimizadas, ignoradas o descalificadas.

Quizá ser testigo presencial del feminicidio de la madre es la peor modalidad de violencia que se ejerce sobre hijas e hijos, sobre todo cuando el padre es quien ejecuta el acto. Pues los menores pasan a la orfandad de facto, con madres muertas y padres (algunos) en la cárcel.

Lamentablemente el Estado avanza a paso lento en el reconocimiento de los hijos de mujeres asesinadas, como víctimas del mismo hecho. El Instituto Nacional de las Mujeres, los sistemas DIF estatales y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres identificó a 800 menores de edad en esta condición en todo el país.

La tarea fue un esfuerzo arduo de las autoridades debido a que sólo en dos de las 32 entidades federativas existía un registro de estas víctimas: Coahuila y Chihuahua.

Que existan dichas bases de datos no es fortuito ni habla de gobiernos conscientes del problema. Responden a fenómenos sociales que atendieron como consecuencia de su omisión en la prevención de la violencia feminicida.

Chihuahua fue la primera entidad en enfrentar el problema de los niños que saturaron los servicios del DIF municipal de Ciudad Juárez en los años 80 y 90 al quedar en orfandad ante la desaparición o muerte de sus madres.

Coahuila padece desde 2015 un fenómeno similar, igual de preocupante, sobre todo en La Laguna. Desde ese año se han abierto alrededor de 105 carpetas de investigación por feminicidios y la justicia no ha prevalecido como se quisiera, apenas se han alcanzado 44 sentencias.

Pero aun cuando en los pocos casos se localizó y arrestó al feminicida, se le procesó y sentenció, difícilmente se podía hablar de una justicia plena cuando los hijos, testigos de los hechos, eran marginados de acceder a una vida digna.

Fue gracias al grupo de Madres Poderosas, formado por mujeres que perdieron a sus hijas y a activistas y asociaciones que promueven y defienden los derechos de las mujeres, que se buscó que se declarara una Alerta por Violencia de Género para La Laguna, que aunque no se logró, sí se consiguió que el Gobierno de Coahuila emitiera un decreto para apoyar bimestralmente a 18 huérfanos y huérfanas de madres víctimas de feminicidio con una cantidad de cuatro mil pesos y su empadronamiento a los apoyos sociales del Estado.

Aunque los asesinos de Daysi y Danna fueron sentenciados, difícilmente se puede decir que hay justicia plena. Desde la muerte de su hija, Cristela Soto, madre de Daysi, comenzó un proceso legal para cambiar los apellidos de su nieto, ya que según relata, desde aquel día el menor desarrolló un conflicto de personalidad por llamarse del mismo modo que el asesino de su madre.

Por otro lado, Rosa Rocha, madre de Danna, tuvo que dejar en Estados Unidos a sus tres hijos para hacerse cargo de sus nietos tras el feminicidio de su hija. Habiendo sido indocumentada, las autoridades del vecino país del norte le han negado la visa para regresar con su familia.

Parte de la obligación del Estado en cualquier crimen es reparar el daño y garantizar la no repetición, responsabilidad que, si los tres órdenes de Gobierno no atienden a los huérfanos y huérfanas de mujeres asesinadas, se corre el riesgo de que se repita el patrón de violencia y perpetuar el ciclo de violencia contra las mujeres.

Deric Vaquera

Reportero desde 2014. Ha trabajado en Grupo Radio Estéreo Mayrán, Radiorama Laguna y Meganoticias, además de haber colaborado como analista político para Players of Life.