Las desapariciones en México fueron denunciadas a nivel internacional desde Coahuila hace más de una década cuando la violencia azotaba a toda la región noreste y las familias empezaban a organizarse.
En ese momento pudieron ser escuchadas por organismos extranjeros, entre ellos Amnistía Internacional y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, creado en 1980.
En marzo del 2011 el Grupo de Trabajo visitó México, pero no estaba incluido su paso por Coahuila. Sin embargo, la problemática que ya rebasaba a las autoridades y la colusión de éstas con bandas criminales. La organización reciente de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos permitió que los integrantes del comité internacional conocieran la realidad de lo que se vivía en la zona.
Al Grupo de Trabajo se le entregó la información de la que se disponía por parte del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, en ese entonces parte de la Diócesis de Saltillo que encabezaba el hoy obispo emérito Raúl Vera López y quienes representaban a las familias de personas desaparecidas.
Entre lo entregado había varios casos ocurridos en zonas de alto riesgo como La Laguna y la zona fronteriza, en las que había certeza de la participación de policías municipales y estatales, así como de instancias federales.
Los integrantes del Grupo de Trabajo: Jasminka Dzumhur, Ariel Dulitzky y Osman El Hajje escucharon a las familias de Coahuila y que había miedo por denunciar las desapariciones.
“Hay que recordar que se le remitieron desde sociedad civil muchos casos: documentos, informes que mostraban la situación; incluso hay que recordar que fue en 2011 que el Grupo de Trabajo estaba visitando México.
El grupo es un órgano a la par del Comité y ellos también pudieron ver esta situación. Lamentablemente los tiempos de los organismos internacionales no siempre son los mejores frente a este tipo de tragedias”, recuerda Jorge Verástegui González, quien en ese entonces cumplía dos años de denunciar la desaparición en 2009 de su hermano y sobrino en el municipio de Parras de la Fuente.
Meses después de terminar la visita, el Grupo de Trabajo presentó un informe en el que se estableció la gravedad de la desaparición con el descubrimiento de fosas, que se sumaba al número de casos que recibió desde el 2010 y que empezaron a preocupar a los especialistas, quienes dividieron sus observaciones en torno a esa época y las situaciones vividas durante la llamada Guerra Sucia.
“El Grupo de Trabajo es consciente de los diferentes contextos en los que estos dos patrones de desapariciones forzadas se desarrollaron y desarrollan en México, los cuales fueron debidamente tomados en cuenta.
Sin embargo, observa con gran preocupación que a pesar de estas diferencias, hay la identidad de algunos patrones como la impunidad generalizada y la falta de la plena verdad y reparación de las víctimas”, señala el informe en el que recomendaba como primer punto “que se reconozca la dimensión del problema de la desaparición forzada como primer paso necesario para desarrollar medidas integrales efectivas para su erradicación”.
A la distancia Verástegui González, fundador de FUUNDEC, destaca que “llega tarde, pero al final llega” la resolución establecida recientemente por el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU que se creó en el 2010, un año antes de la visita del Grupo de Trabajo, para aplicar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de contra las Desapariciones Forzadas.
“Es una petición que las familias y la sociedad civil en México llevamos muchos años realizando y se da hasta ahora cuando estamos hablando de más de 120 mil personas desaparecidas, un número indeterminado de cuerpos y restos no identificados.
Entonces, es una crisis de dimensiones peor que las de una guerra, pero sin duda, aunque tarde, nos parece que es algo importante que se esté dando el inicio de al menos el procedimiento”, expone al referirse a que hay varios estados que pasan por lo que vivió Coahuila hace más de una década, con situaciones similares y respuestas iguales por parte de la autoridad.
Recuerda que después de la visita del Grupo de Trabajo, el Comité pretendió hacer una visita en el 2013, pero el gobierno federal que en ese momento estaba en manos del PRI con Enrique Peña Nieto en la Presidencia de México, le negó la autorización y para Verástegui González era una señal de la apatía de las autoridades para no atender el problema.
Diana Iris García, madre de Daniel Cantú, desaparecido en el 2007, puntualiza que la aplicación del artículo 34 se pidió desde la pasada visita del Comité Contra la Desaparición Forzada en el 2021, debido a que los casos seguían y son nulas las respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.
“Nosotros, desde que vino por primera vez, desde la primera visita a México del Comité solicitamos que hiciera uso del artículo 34 (de la Convención Internacional sobre Desapariciones) hacia México porque creíamos que la crisis de desapariciones que estábamos viviendo era muy alta y que el Estado mexicano no estaba respondiendo ante esta crisis y que era necesario el escrutinio internacional sobre todo de organizaciones como el Comité”.
Iris García estuvo en enero pasado en Ginebra, sede de ambos organismos en que se realizó el Primer Congreso Mundial sobre Desapariciones Forzadas donde la delegación de México realizó un pequeño foro en el que consideraron necesario la aplicación del artículo 34.
“Abordamos la necesidad de que el Comité pusiera a México ante la Asamblea (de la ONU) y bueno, nos da mucho gusto y saludamos la iniciativa porque no va a ser fácil. México ya respondió diciendo que no es cierto, pero como parte de las familias de personas desaparecidas creemos que es necesario exponer al Estado mexicano ante la Asamblea.
A ver si de esa manera se pone las pilas y hace medidas extraordinarias para solucionar la crisis. Porque no vemos que en esta administración la presidenta Claudia Sheinbaum realmente esté tomando medidas para solucionar la crisis”, resalta.
Iris García coincidió con Verástegui González en torno a que la respuesta de México sigue siendo la misma desde hace años y no responde con seriedad y concretamente a las acciones urgentes que emiten los organismos de la ONU ante los casos denunciados por las familias.
“Incluso justo el Comité, después de que hizo su visita a México y que dijo a las familias que podían usar el recurso de las acciones urgentes y recibió muchas peticiones; creo que andamos como en 680 y esto fue también un dato que sirvió para empezar a pensar en esta en esta acción”.
Cabe destacar que el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios dio seguimiento durante el 2024 a 10 Acciones Urgentes solicitadas por la ONU en casos de desaparición en el estado.
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Jorge Verástegui afirma que la intención del actual gobierno de México es deslindarse de su responsabilidad al asegurar que las desapariciones no las cometen agentes del Estado, y esa respuesta es la misma que hubieran dado el panista Felipe Calderón o el priísta Peña Nieto.
”La respuesta la está dando el Estado mexicano que siempre ha intentado decir que no existen desapariciones en el país; yo no esperaba otra cosa. Es la respuesta que sin importar el partido que estuviera es lo que el Estado mexicano siempre ha tratado de mantener.
Ahora es lamentable ver otras respuestas, que tampoco esperábamos mucho, pero que suman al contexto. la CNDH, que sale a decir que el Comité está descontextualizado. Vemos que la CNDH terminó de ser un órgano garante de los derechos humanos a ser el abogado de oficio del gobierno”, sostuvo.