Hay un cliché que se utiliza para hablar de la ciudad de Durango, una frase parte del corrido escrito por Miguel Ángel Gallardo, es la “callada y tranquila ciudad colonial” que, si bien para muchas personas es cierta, también se ha utilizado por columnistas o críticos de las instituciones para hacer alusión a que en el estado siempre se pretende decir que “aquí no pasa nada”, ni pasó.
“En Durango no solamente no hay información, sino que hay un negacionismo de la memoria histórica”, afirma el historiador Héctor Amílcar González cuando hablamos de años recientes de violencia en el estado.
Quizás por la falta de información muchas personas en el estado desconocen que durante la Guerra Sucia también hubo desapariciones forzadas en Durango. Los primeros ejercicios ocurrieron en 1970 en el contexto del movimiento estudiantil del Cerro del Mercado, el cual también coincidió con la llegada de otros grupos, como la Liga Comunista 23 de Septiembre.
Existen archivos que muestran que en 1970 se dieron las primeras desapariciones forzadas colectivas en Durango. En este caso, como muchas otras en el país, la desaparición forzada ocurrió para llevara las personas a instalaciones militares y torturarlas con el fin de desarticular movimientos. Con eso se mandaba un mensaje a la población, explica Almílcar González.
Más tarde, en 1973, desaparecieron por lo menos a diez personas relacionadas con la toma de la colonia División del Norte. Luego de la marcha del 1 de mayo en la que se protestó contra el gobierno estatal del PRI y en la que hubo disturbios.
Alrededor de diez personas fueron “levantadas” por elementos de seguridad y sacadas del estado con la amenaza de no volver, ya que podrían ser ejecutadas. Existen testimonios de diferentes tipos de violencias que sufrieron en las cárceles y centros de tortura a los que les llevaron.
Esto se dio en un contexto de violencia política y no de narcotráfico. Hay registros, asegura el historiador, de que las detenciones fueron coordinadas entre autoridades federales y locales, principalmente en la policía judicial.
Es algo de lo que se habla poco 53 años después, aunque de acuerdo con historiadores, puede que parte de esa historia explique cómo funciona ahora la política estatal, el narcotráfico y la violencia que existe en la entidad.
Base de datos incompleta y otras carencias institucionales
No hay un número claro de personas desaparecidas en el estado. En respuesta a una solicitud de información, la Comisión Estatal de Búsqueda dice que hasta 2026 existe registro de 4,480 personas reportadas como desaparecidas, sin embargo, no incluye el número de bajas en el sistema después de registrarse.
Por su parte, en la Plataforma Nacional del Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas se tienen contabilizadas de 1,142 personas en ese estatus con corte a mayo pasado.
La realidad es que pueden haber muchas más personas desaparecidas, pues hay familias que siguen sin denunciar, de nuevo, por miedo, desconocimiento de lo que se tiene que hacer y por la desconfianza en las propias autoridades.
“Las (familias) que no han denunciado dicen: ¿Para qué? Si ustedes no los han encontrado, ¿para qué? Entonces, no hay confianza en las fiscalías”, explica Carmen Soto, fundadora de Buscando Emilios, colectivo que tiene influencia en este estado.
En contraste, Carlos Burciaga, Comisionado Estatal de Búsqueda de Personas, resaltó en declaraciones recientes con El Sol de Durango que la entidad se encuentra entre los cinco estados con menor índice de personas desaparecidas.
De acuerdo con Red Lupa y su informe estatal, hasta mayo de 2026, Durango se consideraba en un Nivel medio inferior de gravedad y crecimiento de casos de personas desaparecidas asociado al avance en la creación de institucionalidad y leyes locales. Es decir, se considera que el estado no tenía las instituciones ni la legislación para enfrentar un problema de esta magnitud, que está presente en la entidad desde hace casi dos décadas.
Algunos de estos aspectos son:
La falta de una Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas: si bien en Durango existe una Comisión Estatal de Búsqueda (desde 2019) y una Unidad Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas (2021), no cuenta aún con una Fiscalía con un presupuesto y personal que trabaje de manera independiente, como lo establece la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. La Comisión Estatal de Búsqueda es un órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno.
El segundo punto es que no cuenta con un Centro de Identificación, ni con un panteón forense: lo que sí existe es un Centro Temporal de Resguardo de Cuerpos que debió estar terminado al 100% a finales de 2025, y el cual depende del Centro Regional de Identificación Humana (CRIH), ubicado en Coahuila.
Un tercer pendiente es la Ley de Desaparición de Personas y Declaración Especial de Ausencia: aunque a nivel nacional fue aprobada desde el 2017 y entró en vigor al año siguiente, en Durango no se ha armonizado hasta la fecha. Sin embargo, en semanas recientes, los tres poderes en el estado aseguraron que ya se trabaja de manera coordinada para armonizar la normativa local.
En esa situación de atención institucional es con la que han lidiado los familiares de personas que han desaparecido desde hace casi dos décadas.
Sin memoria reciente
Si hablamos del siglo XXI el tema de desaparición de personas en el estado y el actuar de las autoridades en cada caso es, por lo menos, complejo.
Entre 2011 y 2012 en Durango se encontraron 12 fosas clandestinas, de acuerdo con investigación periodística, siete en los informes del gobierno. Algo que se les señaló entonces a las autoridades fue cómo se manipularon los cuerpos de manera equivocada, lo que impidió que pudieran ser identificados.
La información es imprecisa sobre cuántas fosas han sido encontradas a la fecha. Se preguntó este dato vía solicitud de información y no se entregó lo solicitado. No es la primera vez que esto sucede, Durango tiene registros anteriores sobre declararse incompetente o no entregar información respecto a este tema.
Otro ejemplo del actuar de las autoridades estatales es el caso de Leopoldo Valenzuela Escobar, “don Polo”, quien se dedicó a buscar a su hijo luego de que este fuera secuestrado. Solicitó ayuda al entonces gobernador, Jorge Herrera Caldera, al procurador, al Ejército, a la Marina, al presidente, puesto que tenía información sobre el presunto paradero de su hijo y la identidad de quienes lo tenían.
La ayuda no llegó. Entonces don Polo lanzó un desplegado en los periódicos al gobernador para denunciar las irregularidades en la investigación y denunciar la falta de apoyo. Fue asesinado en su casa el viernes 4 de febrero de 2011. Una de las hipótesis no oficiales sobre la causa de su muerte es que fue por hacer público su caso y no guardar silencio, como solía hacerse en esos casos. Y en muchos otros.
Las cifras inexactas de atención a víctimas
La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), establecida para garantizar, promover y proteger los derechos de las personas víctimas de delitos y violaciones a los Derechos Humanos, se creó a finales de 2017 en Durango y opera desde 2018.
Ese año ejerció un presupuesto de 9 millones 98 mil 231 pesos, para 2025 el presupuesto ejercido fue de exactamente 12 millones 103 mil 949 pesos. En términos reales, en lugar de haber un incremento, este se redujo. ¿Y cómo ha trabajado en específico con las víctimas en el tema de desapariciones?
Entre 2023 y 2025 se han atendido a víctimas del delito de desaparición de personas, pero en sus informes no hay un dato exacto al respecto de cuántas y cómo ha sido su atención.
Para 2023 el registro de incidentes fue de tres para el primer trimestre, siete para el segundo trimestre. Para el segundo semestre no hay un dato preciso, pues se califica “entre otros” de los delitos y se grafica.
Lo que sí se especifica durante 2023 es que de los 5,854 casos de asesoría jurídica registrados durante el segundo semestre, 3.07% fueron por desaparición de personas, es decir, alrededor de 175.
El dato más claro, obtenido vía transparencia, es que en 2024 se registraron 812 incorporaciones al registro estatal de víctimas, 23 por desaparición de personas y 2 por desaparición forzada.
La falta de cifras y de la especificación de las mismas se repite durante los diferentes informes trimestrales de 2024 y 2025, puesto que los informes ponen principal atención a otros delitos como el de violencia familiar o abuso sexual, con los índices más altos. En algunos trimestres de 2025 sí hay datos específicos identificados como desaparición de personas y persona no localizada.
Un sólo año se reporta haber trabajado en procedimientos de búsqueda de personas desaparecidas y “de los cuerpos u osamentas de las personas asesinadas, así como la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo de su familia. De igual manera se otorgaron Medidas de Ayuda Inmediata, Asistencia y Atención”. Pero no se especifican montos.
Durante 2024 y 2025 se resalta el seguimiento a entre 10 y 20 expedientes de “juicios de jurisdicción voluntaria por presunción de muerte, lo anterior con el objeto de reconocer, proteger y garantizar los derechos de las víctimas indirectas y brindar certeza jurídica a la representación de los intereses y los derechos de la persona que se encuentra en calidad de desaparecida”.
Dentro de esos tres años, para el segundo trimestre de 2024 se reportó la gestión de traslados a diferentes partes del país para que las “víctimas indirectas acudan a realizar trámites de sus familiares desaparecidos en las Fiscalías Generales de Justicia de otras entidades federativas”.
Y aunque se menciona apoyo para traslados de cuerpos y gastos funerarios por delitos de alto impacto, tampoco se especifica si fue para el delito de desaparición.
Ante el trabajo que han realizado por años en las dependencias encargadas del tema de desapariciones, son las familias y los colectivos quienes tienen que presionar para que las cosas avancen.
Es cierto que hay un reconocimiento de las cosas que sí se han hecho y los avances conseguidos, pero también es cierto que ha sido lento y la mayoría de las veces opaco, para poder decir que es un estado en el que no pasa nada, o que está blindado ante la violencia de los estados vecinos, aunque la realidad muestre lo contrario.
Checa el reportaje previo: Buscar en Durango: una incansable labor ante la falta de resultados oficiales – Heridas abiertas
Fotos: Redes sociales de los colectivos Buscando Emilios y Madres Buscadoras de Durango, archivo Heridas Abiertas