Si hay algo, nosotros le avisamos, era la respuesta que recibían Gemma Salas y su familia cuando preguntaban en la Fiscalía del Estado de Durango (antes Procuraduría) qué pasó con el caso de su papá, el señor Héctor Salas, desaparecido el 13 de abril de 2010 y cuya denuncia interpusieron dos años después, en 2012, por miedo, y otras razones.
“Hablábamos o tratábamos de buscar a alguien que nos diera informes y nada”, cuenta Gemma.
Cuando su padre desapareció ni Gemma ni su familia supieron qué hacer. Pero cuando descubrieron las fosas clandestinas en la capital del estado (2011-2012), en las que se contaron más de 300 cadáveres, se atrevieron a denunciar.
Pasaron más años sin tener respuesta, hasta que un día, una familiar se encontró con Guadalupe Delgado, integrante de Grupo Vida, y ocurrió un gran cambio para Gemma.
“A partir de ahí empecé a saber qué hacer. Supe que tengo que ir a la Fiscalía para pedir informes de mi papá. Me di cuenta de que existían muchos otros pasos, muchas otras cosas que hacer para buscarlo. No solo estar esperando o estar esperanzada a que la Fiscalía nos resuelva”, rememora.
No recuerda con exactitud la fecha, sabe que fue antes de la pandemia cuando empezó con la inquietud de buscar, de moverse, de hacer algo. “Ni siquiera sabía que había tantas personas desaparecidas hasta que empezamos a hacer movimiento y todo”.
Decidió crear un colectivo.
Llamó a otras personas de La Laguna: las dos Lupitas, Dani, la señora Isabel. Así formaron su colectivo a inicios de 2025, luego de hablar con Ceci Flores, de las Madres Buscadoras de Sonora, según contaron a medios locales. El momento de anunciarlo también fue a causa de un hallazgo importante, esta vez a muchos más kilómetros de la capital.
El 5 de marzo de 2025, en Teuchitlán, Jalisco, el colectivo Guerreros Buscadores localizó restos óseos y cientos de objetos personales, incluída ropa, zapatos y mochilas.
Este hallazgo tuvo impacto a nivel nacional. Colectivos de diferentes estados de México realizaron vigilias días posteriores. Fue en ese contexto que las Madres Buscadoras de Durango anunciaron su existencia, y a partir de entonces comenzaron a tener respuesta de más familias que pasaban por lo mismo: familiares de personas desaparecidas de manera más reciente, pero también muchas más de larga data, con tantos años en espera como Gemma.
“Fuimos aprendiendo a caminar, a buscar ante las instituciones, también a buscar en campo, que si bien aquí en Durango no tenemos muchos puntos de búsqueda o no hemos logrado encontrar y descubrir esos lugares donde habría que ir a escarbar”, cuenta Gemma.
Madres Buscadoras de Durango es uno de los tres grupos que trabajan en la entidad desde que iniciara la llamada “Guerra contra el Narco” durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa en 2006. El primero fue el Grupo VIDA que nació en 2013 y desde entonces ha trabajado también con familias duranguenses. Es un colectivo que, a 13 años de su fundación en Torreón, Coahuila, exige a las autoridades de ambos estados que trabajen por la búsqueda de las personas desaparecidas.
Buscando Emilios por más de 8 años
Pedro Emilio Salazar Valle desapareció el 11 de diciembre de 2008 en el municipio de Mazatlán, Sinaloa. Tenía 23 años. Su hermana, Carmen Rosario Soto Valle, le busca desde entonces. Ha pasado por dos colectivos, el último, fundado por ella, incluye su nombre: Buscando Emilios A. C. para personas desaparecidas, no localizadas o ausentes.
Un colectivo que, ella asegura, nació en Durango, aunque trabaja con familias de esta entidad y de Sinaloa, pues el estado vecino, junto con Zacatecas, es donde se registran gran parte de las desapariciones de los habitantes de Durango.
El origen de su historia como buscadora es parecido al de muchas otras personas, lo hacen ante el poco o nulo avance que tienen las autoridades en la resolución de sus casos. Para buscar a su hermano, el primer obstáculo fue que la desaparición sucediera durante, o cerca, del periodo vacacional, en pleno diciembre; también que en ese entonces no había una oficina especializada para la desaparición.
“Lamentablemente no hubo quien hiciera una búsqueda inmediata para la localización de mi hermano. Él desapareció y su camioneta también”.
Acudieron en repetidas ocasiones a la Fiscalía (antes Procuraduría) para pedir resultados, informes. En el año 2008 no había pruebas genéticas. Se recibió la denuncia y eso fue todo. Pasó el tiempo y siguieron presionando.
“La búsqueda de mi hermano durante los primeros años fue sola, individual, porque no existía todo esto, ni redes sociales ni fichas de búsqueda, nada, solo lo que se publicaba en el periódico (…), lamentablemente en el 2008 no existía Comisión de Búsqueda, no existía Comisión Ejecutiva de Víctimas, no existía una Ley General de Víctimas, no existía nada”.
El caso de su hermano avanzó hasta que se formó la Fiscalía Especializada en Desapariciones. Entonces recibió noticias: la camioneta fue localizada hace años, pero nunca se les notificó. La señora Carmen Soto asegura que, a pesar de estar resguardada, nunca hubo una acción de búsqueda en la camioneta, es decir, no se le tomaron huellas, nada.
“De ahí se sigue el peregrinar, el cambio de fiscales, de vicefiscales, de peritos… el cambio de titulares de desaparición forzada y, hasta la fecha, ninguno me ha dado una respuesta lógica, ninguno ha emitido una línea de investigación donde pudiera darse con la localización de mi hermano. Y ya pasaron 18 años”.
A raíz de la falta de resultados, en 2016 Carmen se integró a un colectivo en Sinaloa: Una Luz de Esperanza, con madres y familias de personas desaparecidas en ese estado. Este primer colectivo, cuenta, se tuvo que disolver por amenazas a varias de sus integrantes, incluidas de muerte.
Pero Carmen tenía la firme idea de continuar con la búsqueda de su hermano. Y en 2018 crea un nuevo colectivo con compañeras de Sinaloa, esta vez para trabajar desde Durango. Ocho años después, han cobijado a más familias de estos y otros estados: 68 en Durango capital, alrededor de 20 en Sinaloa, tres en Zacatecas, una en Gómez Palacio, Durango, dos en Ciudad Juárez, Chihuahua y una en Chihuahua, Chihuahua.
A este colectivo, de más reciente creación, se han sumado familias a lo largo de los años, muchas de estas en situaciones similares: no habían denunciado por miedo o por desconfianza en las autoridades, y no se habían organizado de una manera colectiva porque desconocían la existencia de tantos casos como el suyo.
Recursos para búsqueda y carencias
La Comisión Estatal de Búsqueda de Durango se creó en 2019 luego de la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas en 2017. En el primer año se aprobaron 7 millones 700 mil pesos y ejerció poco menos de eso. El presupuesto ha ido en aumento hasta llegar a 19 millones 312 mil pesos en 2025, con dos lapsos en blanco durante 2020 y 2022, en los que se señala que no se accedió al recurso.
¿Cómo trabajó la Comisión esos dos años o por qué no se accedió al mismo? ¿Qué ha realizado con el presupuesto establecido?
De acuerdo con información proporcionada por la misma Comisión, durante los últimos tres años se reportaron múltiples acciones. Entre la larga lista, rescata: el proyecto para la construcción del Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana, la apertura de la oficina de la Comisión en la Región Laguna, toma de muestras referenciales a personas con familiares desaparecidos en tres municipios; se recuperaron cuerpos no identificados en Gómez Palacio y Lerdo, Durango (acción que se reporta dos años). Además de convenios para trabajar en conjunto con el INE, la Secretaría de Salud, DIF Estatal y Municipal; diplomados, programas de prevención, certificación del personal y más.
Varias de las acciones, como la oficina móvil, o la creación de comités vecinales de búsqueda, aparecen alineadas con la estrategia VIVE del gobierno estatal, que no está propiamente enfocada al tema de personas desaparecidas.
Si bien se reconoce por parte de algunos colectivos el trabajo conjunto, aún se plantea como algo insuficiente, pues muchas veces tienen que reunir recursos propios para trasladarse o para trasladar un cuerpo.
Carmen Soto cuenta un caso reciente en el que apoyó para trasladar a un joven que tenía un año en el Semefo Mazatlán, de acuerdo con su testimonio, ella tuvo que ayudar porque ni la Comisión de Búsqueda ni Ejecutiva de Víctimas brindaron el apoyo “porque se argumenta que el muchacho se falleció en un enfrentamiento, entonces, no merece el apoyo”.
Por su parte, Silvia Ortiz, vocera de Grupo VIDA ha señalado un uso deficiente de recursos y falta de apoyo por parte de la Comisión de Víctimas en repetidas ocasiones.
El trabajo de ser buscadoras en Durango
La agenda de Gemma y de la señora Carmen están atravesadas por su labor de búsqueda. Acordar una entrevista con Carmen, por ejemplo, fue hablar de viajes, de oficinas, de cursos y reuniones.
En ambos casos, mucho del trabajo ha sido acompañar a familias para presentar denuncias, presionar a las autoridades para que haya un avance en los casos e insistir con el traslado de cuerpos a sus hogares. Gran parte del quehacer que realizan es en otros estados, como Zacatecas o Sinaloa.
Actualmente, Madres Buscadoras de Durango cuenta con un registro de 52 familias, varias de ellas con más de una persona desaparecida. Una tiene siete, hay otras con cuatro, tres o dos. Muchas de estas familias no se habían sumado a los colectivos ya existentes porque no tenían conocimiento de ellos.
Gemma Salas señala que siempre trabajan de la mano con las autoridades “porque las necesitamos, aunque no queramos, aunque nosotros estemos haciendo mucho del trabajo y aunque nosotros estemos haciendo una labor que no que no deberíamos”.
Ha visto avances: “Es el deber ser porque es mucho más grande la crisis de desapariciones, entonces obviamente tiene que ir mejorando porque no puede ser que sigamos estancados”.
Por lo menos ahora se les recibe, dice Gemma, no como cuando les decían que volvieran luego. Como colectivo tienen una buena relación con las autoridades. Aprendieron que trabajando en colectivo han tenido mejor atención y mejores respuestas que cuando iban una persona sola o una familia independiente. La respuesta es mucho mejor. No solo de las autoridades, también de la sociedad.
A pesar de esos avances, aún falta mucho, sostiene. Cree que también tiene que ver con las condiciones geográficas y sociales de Durango: territorio extenso y variado, poca población.
Un sentimiento agridulce y un cachito de esperanza
Aparte del desgaste del que habla Carmen Soto, también hay una recompensa. Como colectivo se sienten orgullosas de su trabajo, de los resultados, de poder encontrar a una persona.
“Es como una cosa super dolorosa, pero al mismo tiempo es una satisfacción de que va a regresar a casa. Sí, pues es la recompensa”, explica, para luego enlistar los lugares de los que, como colectivo, han logrado trasladar los cuerpos de personas desde o hacia esos lugares: Tucson, Arizona; Los Mochis, Sinaloa; El Conejo, Durango; Veracruz, Guanajuato, y Mazatlán.
Habla del caso del joven que tenía un año en SEMEFO de Mazatlán y, asegura, no recibió apoyo de autoridades estatales. Cuenta cómo Buscando Emilios se movilizó, cómo lograron cubrir cuotas funerarias para que el joven fuera trasladado a su lugar de origen, en el municipio de Canatlán. “Y pues esa satisfacción todavía la traigo aquí, se me enchina la piel, porque un año en SEMEFO…”.
“Entonces es agridulce, porque está el tema de que uno se pregunta egoístamente por qué no fue el mío. Pero también agradece que uno más se suma a la lista, de que esa familia va a estar en paz”.
A pesar de los problemas que enfrenta, Gemma rescata algunas cosas, como tener atención psicológica y psiquiátrica desde la Comisión Estatal de Búsqueda; poder llegar a reuniones con autoridades a nivel federal, como con Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, con Derechos Humanos o con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En general, poder hacer acuerdos a ese nivel que beneficien al estado.
También encontrar a personas y que regresen con sus familias, como el caso de Isaías, originario de Mezquital, en Durango, y desaparecido en Zacatecas hace seis años. Hubo problemas con la identificación del cuerpo con la Fiscalía de Zacatecas que se lograron resolver con ayuda de autoridades federales y entregar el cuerpo a su familia.
“Ese fue un logro y ocurrió el día que nos notifican que ya está plenamente identificado, con un 99.9% de compatibilidad en el ADN. Fue como gritar de contentos y al mismo tiempo llorar de tristeza”.
Los casos los adopta como propios y cuando se resuelven, poco a poco, también siente un cachito de esperanza.
¿Qué es lo que falta?
Para Soto y para Salas aún hay pendientes por parte de las autoridades. Soto habla de su experiencia en Sinaloa, con quienes ha trabajado más. Es clave, asegura, que haya más personal capacitado: en SEMEFO, en Comisión de Búsqueda, en Ministerios Públicos.
“Los rebasó la violencia, los rebasó la situación y por estar recepcionando denuncias dejan a un lado las investigaciones de los demás. Entonces sería eso, solicitar más personal, y que esté verdaderamente capacitado, porque contratan a cualquiera, se necesita personal que realmente esté comprometido con su trabajo, que realmente esté preparado y capacitado, y la verdad dista mucho de eso”.
Gemma por su parte, reconoce el apoyo que ha recibido de las autoridades, pero cree que siempre puede haber cosas para mejorar, e insiste con el tema del traslado a los otros estados, cree que las autoridades locales deben tener una mejor coordinación con el nivel federal y conocer sobre el apoyo que se puede bajar al estado para resolver ese tipo de problemáticas.
A la sociedad duranguense ambas piden no dejar de difundir y acompañar, de compartir fichas y brindar información necesaria.
Y a ellas les toca “seguir en esta lucha que no pedimos, pero que lamentablemente nos tocó”.
Fotos: Redes sociales de los colectivos