En México, uno de los países más peligrosos para periodistas, los gobiernos estatales han creado instancias de protección que existen sólo en el papel porque no tienen presupuesto asignado,o personal suficiente y adecuado, ni se coordinan con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Este 2022 se cumplen diez años que las familias Pérez Rodríguez y Mendiola Acosta iniciaron la búsqueda de sus familiares desaparecidos en la carretera 85, que atraviesa el municipio de El Mante, en Tamaulipas, un territorio asolado por la violencia del crimen organizado. Sus búsquedas han dado respuestas sobre qué pasó con cientos de personas desaparecidas en esa región inhóspita.
Las infancias y adolescencias desaparecidas sufren una doble revictimización. Ni autoridades estatales ni federales llevan un conteo exacto de la niñez desaparecida.
En un país con más de 100 mil personas desaparecidas sólo existen 36 sentencias por desaparición forzada. Algunos integrantes del ejército, la Marina, agentes ministeriales o policías federales y locales han sido llevados a tribunales; pocos han sido encontrados culpables. Las penas que han recibido son mínimas. El más claro reflejo de la impunidad está en que, durante casi todos los juicios, no se ha logrado conocer el paradero de las víctimas.
Pese a que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres admitió la violencia feminicida de Coahuila, las autoridades locales aparentaron atender las recomendaciones y así evadir que se activara una Alerta de Género.
Una de cada 10 personas desaparecidas y no localizadas ha sido encontrada con vida, mientras que 24 ministerios públicos cargan sobre sus espaldas un promedio de 67 carpetas de investigación. Pareciera una lucha de David contra Goliat.
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Aunque la ley establece obligaciones para las prisiones en el Estado, como el abastecimiento de medicamentos y artículos de aseo para los internos, las cinco cárceles de Coahuila incumplen este mandato. ¿Quién absorbe entonces los gastos que le corresponden al gobierno?
A cinco años de que se activara la Alerta de Género en Nuevo León no es posible medir sus resultados debido a falta de transparencia y carencia de indicadores que especifiquen cómo se gasta el dinero invertido en contrarrestar la violencia contra las mujeres en el estado.
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers. La mañana del 10 de enero de 2017 un homicidio en el municipio de Piedras Negras, en el norte de Coahuila, conmocionó a los … Read more
Este reportaje fue publicado originalmente en Semanario de Vanguardia y forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.