A Daniel Alberto Velasco, su madre le colocó una veladora dentro del rancho Izaguirre el 19 de marzo de 2025. Según Carmen Lucía Carrillo Calleros, duró prendida hasta la mañana del día 20, cuando las autoridades estatales y federales organizaron un recorrido por el predio, un “tour del horror” que ignoró el dolor de las madres en su afán de demostrar que ese lugar nunca fue un centro de exterminio.
Que esa veladora con el nombre de su hijo escrito con plumón permaneciera encendida tanto tiempo fue para Carmen Lucía un mensaje de que a Daniel Alberto lo llevaron a ese rancho de Teuchitlán luego de que varios hombres lo subieran por la fuerza a una camioneta en el cruce de la avenida Juan Gil Preciado y la carretera a Colotlán, en Tesistán, un pueblo del municipio de Zapopan, el 22 de noviembre de 2022.
Ese mismo día, el grupo desapareció a dos jóvenes más. Por eso es que esta madre buscadora no ha dejado de preguntarse el porqué la delincuencia capturó a varios hombres que se dedicaban únicamente a limpiar parabrisas.
Daniel Alberto tenía 27 años cuando fue desaparecido. Quienes lo conocen dicen que es sociable, servicial y protector. “Siempre estaba para los demás”, asegura su madre, quien también lo recuerda como un padre atento que, por decisiones personales, tuvo que ganarse la vida trabajando en las calles.
Para buscarlo, su familia corrió todos los riesgos posibles, como interpelar a quienes controlaban la venta de droga en la zona en que sucedió el hecho, o recorrer colonias peligrosas para buscar el departamento al que, según mensajes anónimos, lo habían llevado. Exponer su vida de esta manera les permitió saber que la desaparición estaba vinculada con “llevarles muchachos a los de la plaza”.
Carmen Lucía le dio esta información tanto al ministerio público como a los policías investigadores que le asignaron en la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas de Jalisco, quienes tardaron más de un año en inspeccionar el departamento al que llevaron a su hijo y a los otros dos jóvenes, de los que desconoce sus nombres, antes de trasladarlos a “la escuelita”.
“Tardaron más de un año en ir a donde tuvieron a mi hijo la tarde en que se lo llevaron. Imagínese, un año para ir a hacer un cateo, ya qué iban a encontrar: nada”, precisa la madre buscadora, quien ante la inacción de las autoridades se convirtió ella misma en investigadora del caso.
Con el nombre de “la escuelita” identificaban el lugar donde las víctimas de reclutamiento forzado eran “entrenadas” por las organizaciones criminales, información que le proporcionó de manera directa a Carmen Lucía una persona que la contactó para decirle que a su hijo lo habían llevado a ese sitio, al tiempo que le advirtió que era mejor que no siguiera preguntando.
El rancho Izaguirre fue designado con ese mismo nombre por sobrevivientes que lograron escapar de lo que las autoridades afirmaron que se trataba de un centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, donde enseñaban a los jóvenes a disparar con armas de gotcha y los sometían a ejercicios de resistencia, así como a diversas tácticas de combate y evasión.
Cuando Carmen Lucía se enteró del hallazgo del rancho rápidamente lo relacionó con aquella “escuelita” de la que le hablaron, así que supo que debía ir al lugar con sus compañeras de Guerreros Buscadores de Jalisco. No pudo entrar con ellas el 5 de marzo, pero en las imágenes y grabaciones que compartieron identificó varias prendas que podrían ser de su hijo: un pantalón negro, un bóxer y una cartera.
A la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco le ha exigido verlas en múltiples ocasiones, y su respuesta no ha cambiado: “Hasta que con una foto nos compruebe que esas prendas son de su hijo, se las enseñamos”.
El día en que todo cambió
La mañana del 22 de noviembre de 2022, cuando Daniel Alberto fue desaparecido, no ocurrió nada fuera de lo normal. Su madre, incluso, lo vio alrededor de la diez, media hora antes de que se lo llevaran, cuando pasó por la avenida en la que estaba limpiando parabrisas: “Lo vi trabajando, pero no le dije nada porque lo vería en la tarde para ayudarle a tramitar su INE, pues días antes le habían robado su credencial y otros documentos”.
Una hora después sonó su teléfono, y la pareja de su hijo le contó lo que había sucedido. “Yo me quedé en shock. En ese momento, no atinas a saber qué hacer. Solo le pregunté que por qué o qué había pasado. Ella me dijo: ‘Es que no sé, doña’”.
Carmen Lucía marcó al 911 para levantar el reporte, pues ignoraba que había una fiscalía especializada en estos delitos. Después de contactarla con la Policía de Zapopan, mandaron agentes a su casa para acompañarla en caso de que pidieran un rescate por la libertad de Daniel Alberto, pero esto nunca pasó.
Ese mismo día, interpuso la denuncia ante la fiscalía. Ahí le cuestionaron, recuerda, por qué su hijo trabajaba en la calle, y también le preguntaron si el joven alguna vez “vio algo raro”. Lo único que ella sabía es que su hijo compartía la esquina en que laboraba con otros jóvenes y con un par de niños, de 8 y 12 años, a quienes solía cuidar.
“Cuando meses después pude acceder a los videos de las cámaras de seguridad [del sistema C5], vi a esos niños siguiendo a mi hijo. De hecho, los niños vieron cómo se lo llevaron. Una vez les pregunté qué habían visto, pero solo les daba tristeza y me decían: ‘Yo andaba con El Cholo [así llamaban a Daniel Alberto] porque nos cuidaba’”.
Los padres de ambos niños, cuando fueron buscados por la fiscalía, no permitieron que los interrogaran; tampoco Carmen Lucía quiso ponerlos en riesgo, así que decidió indagar lo sucedido por otras vías y con otras personas.
Inició con la pareja de su hijo. Desde que le informó que había desaparecido, la comunicación con ella fue escasa; no le contestaba las llamadas o cambiaba constantemente de número. Cuando lograba localizarla, le pedía que fuera a declarar, pues estaba segura de que tenía información que aportar.
“Un día, vi las fichas de la comisión de búsqueda. Ubiqué a un muchacho y a una muchacha que eran amigos de la pareja de mi hijo, lo supe porque cuando yo iba a visitarlos al departamento, de repente ahí llegaban a buscarla. A ellos dos se los llevaron unos días antes que a mi hijo, las mismas personas y de la misma manera”.
Cansada de la falta de respuestas y de sus evasivas, a finales de 2022 Carmen Lucía fue a buscar a la mujer para preguntarle qué era verdaderamente lo que había pasado. El pretexto para verla fue saber cómo estaba su nieto de un año; en esa ocasión, le confesó que se habían llevado a Daniel Alberto para ponerlo a trabajar y “no había vuelta atrás”.
No le quiso decir quiénes se lo habían dicho ni cómo lo sabían, pero también le advirtió que era mejor que no siguiera preguntando. A la fecha, la joven sigue sin ser llamada a declarar por la fiscalía.
En ese momento, Carmen Lucía no le creyó, pero cuando se dio a conocer el hallazgo del rancho Izaguirre, sus palabras adquirieron sentido.
“Cuando pasó lo del rancho Izaguirre comencé a creer en lo que ella me dijo, pero también en lo que fui investigando, pues unos de la plaza ya me habían dicho que a quienes se negaban a ser parte de ‘la escuelita’ los mataban”, precisa la buscadora, quien se sintió horrorizada cuando entre los cientos de prendas hallados en el lugar identificó un pantalón negro (evidencia 46P), un bóxer también negro (evidencia 31G), y una cartera que no figura en el catálogo difundido por la FGE, pero que vio en las transmisiones del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco en su Facebook.
“El primer día que fueron mis compañeras [al rancho] no pude asistir, pero desde ese momento empecé a sentir algo extraño dentro de mí. Cuando en el cel me salió ese pantalón negro de mezclilla, supe que era el de mi hijo. Paré el video y vi exactamente que eran la marca y la talla. ¿Por qué lo sé? Porque yo le lavaba de repente la ropa a mi hijo. Y porque yo se la regalaba. Yo estoy segura de que es su pantalón. Después, viendo ya las demás prendas, identifiqué también un bóxer igualito al que usaba”, explica. “De hecho, al mirarlos, es como si se los viera puestos. Después también vi una cartera como la que él tenía. Entonces, son dos prendas y la cartera que yo digo que son de mi hijo”.
Reconoció las prendas guiada por su intuición de madre; de lo que tiene más información es de la cartera, pues Daniel Alberto siempre cargaba una estampita de San Judas Tadeo y un papel con varios números telefónicos, incluido el de Carmen Lucía; si no la vaciaron, deben seguir guardados.
“Ya me lo mataron, ¿verdad?”
La distancia entre la esquina donde desapareció Daniel Alberto y el rancho Izaguirre es de 49.2 kilómetros, que se pueden recorrer en, aproximadamente, 56 minutos. Carmen Lucía sostiene que fue a ese lugar adonde se llevaron a su hijo, no solo por las prendas identificadas que asegura le pertenecen, sino porque sus investigaciones, junto con lo poco que ha indagado la fiscalía, apuntan a que es una probable víctima de reclutamiento forzado. Abonan a esa hipótesis tanto la forma en que se produjeron los hechos como la similitud con otras desapariciones ocurridas en la misma zona y fechas.
Tras identificar las prendas, Carmen Lucía comenzó a atar cabos y revisó las libretas con sus apuntes de búsqueda; ahí localizó todo lo que anotó cuando enfrentó a quienes sabía que controlaban la venta de droga en el lugar donde vivía su hijo.
“Recordé que, como a las dos semanas máximo de que se lo llevaran, su pareja me dijo que lo tenían en ‘la escuelita’, que nos esperáramos unos seis meses para ver si regresaba. Yo dije: ¿cuál escuelita? Y ella nomás así me dijo, en ‘la escuelita’”, recuerda.
Otra de sus notas hace referencia a cuando escuchó por primera vez, de un sobreviviente que había escapado del cártel, que su hijo fue asesinado por rehusarse a hacer lo que le pedían en ese lugar.
“’Ya me lo mataron, ¿verdad?’. Me dice la muchacha [la pareja de su hijo]: ‘Sí’. Yo le digo que desde cuándo sabía, y así sin más me dijo que fue casi desde el principio y que por eso no lo iba a encontrar. Le dije: ‘¿Por qué? ¿Pues qué le hicieron?’. Y esa fue la primera vez que ella me dijo que lo habían echado en ácido”.
Cree que fue por el impacto de esa noticia que su mente borró toda esa información y, por eso, siguió con la búsqueda en vida, hasta que decidió regresar a preguntarles a los “de la plaza”. “Esa vez recuerdo que el que estaba ahí me dijo: ‘¿Sabe qué, doña? No va a encontrar a su hijo. Pues es que no sé cómo decirle’. Yo le dije, pues de una y como va: ‘Es que, sabe, lo echaron en ácido; entonces, doña, entienda, no lo va a volver a encontrar’”.
Luego de esta charla, un mensaje anónimo que le llegó por WhatsApp se lo confirmó: “A Dani lo mataron a los cinco días que se lo llevaron porque agredía mucho verbalmente a todos los que estaban ahí, y también porque había golpeado al que se lo llevó. Entonces, pues tuvieron que hacer eso”.
¿Por qué cree que lo trasladaron al rancho Izaguirre? “Es que quienes me confesaron lo que le pasó al Dani, aunque no me dijeron dónde estaba ‘la escuelita’, la describieron igual”.
Cuando el 19 de marzo acudió al rancho, sintió un golpe duro y seco en el pecho, que le hizo saber con certeza que ese fue el último sitio en que su hijo estuvo con vida. El mismo lugar donde, como ya lo declaró en la extensión de su denuncia inicial por desaparición, identificó tres prendas.
Ese día acudió al predio porque pensó que podría hacer la verificación física de la ropa, pero las evidencias ya habían sido trasladadas a las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República (FGR), después de que esta instancia atrajera el caso tras el escándalo internacional que provocó la noticia.
Un año sin respuestas
Cuando Carmen Lucía supo que no le mostrarían la ropa que identificó como perteneciente a su hijo, el ministerio público que le asignaron le comunicó que se haría una junta informativa con todas las personas que, al igual que ella, tenían esa sospecha. La reunión fue el 30 de marzo. Recuerda que, en las instalaciones de la FGE, había unas 80 personas esperando a que les dijeran cómo podían tener acceso a las prendas para, de ese modo, confirmar o descartar sus temores.
Su primera sorpresa y enojo llegó cuando le preguntaron: “Señora, ¿tiene una foto en la que su familiar tenga puesta la misma prenda que usted dice que le pertenece?”.
“¿Cómo quiere que tenga una foto? ¿Cree que si yo hubiera sabido que en ese momento se llevaban a mi hijo lo hubiera dejado solo? ¿Usted cree que iba yo a tomarle una foto ese día?”, le reprochó al funcionario que la atendió.
“Si quiere una imagen de mi hijo, ahí está la grabación del C5”, le dijo. “Ahí está la ropa que mi hijo traía; yo les he pedido ver de nuevo la grabación porque quiero tener la foto de ese último momento de que vi a mi hijo, no solo para dárselas de prueba, sino también porque es algo sentimental, algo para mí”.
Hasta la fecha, no le han vuelto a mostrar la grabación del C5, y los funcionarios con los que ha hablado sobre la ropa que reconoció le repiten lo mismo: “Necesitamos una fotografía para poder corroborar si es o no la misma prenda”.
“En esa reunión que tuvimos las personas que identificamos alguna prenda, ahí en fiscalía, no hubo ningún avance. La mayoría salimos molestas porque pensábamos que nos iban a dar avances o, al menos, decirnos qué íbamos a hacer, pero salimos igual”.
La última información que le dieron, el 11 de noviembre de 2025, es que solicitarían la colaboración de la FGR para que tomaran muestras genéticas no solo a las prendas que señaló, sino a otros pantalones similares en marca, talla y color.
“Hasta ahora no he tenido respuesta de nada, no sé si aceptaron colaborar o no, si se harán los exámenes o no. Yo, sin esas respuestas, con lo que me quedo es con lo que sentí al estar en el rancho Izaguirre, con ese escalofrío, de esos que una madre sabe y siente. Me quedo con esa veladora que dejé prendida ahí donde estaban todas las ropas y que duró hasta el otro día, y con la que yo dije: ‘Hijo, sé lo que te hicieron, sé lo que te pasó, hijo, y te dejo ir, trasciende en paz, ve con Dios’, y eso en cierta manera fue lo que me dio paz. Esa fue la prueba para mí de que mi hijo ahí quedó y de que él está bien”.
Daniel Alberto es padre de dos niñas y un niño. Carmen Lucía quiere conocer la verdad de lo sucedido con su hijo para contárselas un día, pues aunque está segura de que las prendas que vio le pertenecen, ahora desea saber por qué lo llevaron a ese lugar, qué le pasó, y quiénes son los responsables de lo que le ocurrió.
Hasta el cierre de esta historia, Carmen Lucía sigue esperando la respuesta de la FGR, instancia a la que la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas de Jalisco pidió su colaboración para darle más detalles sobre el pantalón clasificado como 46P.
“La última comunicación que tuve con la fiscalía de acá fue en diciembre [de 2025], de la FGR jamás he tenido comunicación. Siento que ellos debieron haberme contactado como víctima indirecta del ilícito, pero jamás me han llamado”.
**Ilustraciones de portada e interiores: Sara Hernández Alcántar, Mickey, Adán Vega y Andrea Paredes.
Este texto forma parte de la serie Las Prendas Hablan, un proyecto periodístico realizado por A dónde van los desaparecidos, ZonaDocs, Animal Político y Tejer.Red.