Cinco meses han pasado desde que el colectivo Justicieras por Nuestras Infancias, junto con el investigador Jairo Edgardo Torres presentaron en Torreón la investigación titulada «Niños, Niñas y Adolescentes en el Estado de Coahuila de Zaragoza: Escenario actual y perspectivas a futuro».
En este informe describen la actuación de las autoridades de los tres poderes locales y la situación que guardan áreas para la atención del menor como centros educativos, albergues y guarderías, a la fecha, no se ha avanzado en la implementación de políticas para juzgar con perspectiva de atención a infantes víctimas de violencia, principalmente sexual.
Ariadne Lamont, representante del colectivo, señaló que las autoridades estatales conocen de la publicación de este estudio que se desarrolló en dos años y medio y consta de 630 páginas, en el que se destaca que la mayoría de los delitos sexuales cometidos contra menores de 15 años se resuelven mediante procedimiento abreviado, sin garantizar la reparación del daño.
La activista destacó que dicho estudio advierte que en el Poder Judicial no tiene una sala para la atención de los casos de niños y niñas víctimas de violencia, por lo que estos menores tienen que esperar hasta más de cinco horas para obtener una audiencia, situación que los revictimiza.
Otro pendiente para el acceso a la justicia para las infancias es que se capaciten a juzgadores para la atención especializada de este sector de la población, situación que también se extiende a la Fiscalía General del Estado al no contar con ministerios públicos capacitados con perspectiva en infancias.
Si bien, dicho estudio se integró por más de 20 casos de niños y niñas tanto de La Laguna como del resto del estado, Ariadne Lamont reconoce que este trabajo se emprendió al iniciar el seguimiento del caso de Nallely Salazar, a quien hace cinco años le retiraron a su niña Sherlyn Ismaely que, en ese entonces, contaba con dos años y medio.
Aunque Nallely obtuvo la custodia de sus tres hijos, al parecer, la niña le fue retirada por su ex pareja con el apoyo de su ex suegra y su ex cuñada.
Nallely denuncia que, al parecer, su ex suegra ha utilizado el sistema judicial de Durango para interponer denuncias tanto en su contra, así como su padre que enfrenta una acusación por presunta violación.
Como parte del apoyo a Nallely, integrantes de Justicieras por Nuestras Infancias, acudieron ayer al Palacio de Justicia de Gómez Palacio para estar presentes en la audiencia fijada por el delito que enfrenta su progenitor.
En ese marco, Ariadne Lamont expresó que hace falta que los legisladores federales promuevan iniciativas para que se pueda emitir Alerta para atención de la violencia hacia las infancias, tanto en Coahuila como en el resto del país, al asegurar que en otros estados también se tienen las mismas carencias en el acceso a la justicia para los niños y niñas.