La desaparición de la colombiana Marta Granados de Castelblanco ocurrió el 14 de mayo de 2023 en Ramos Arizpe, Coahuila. Desde entonces, su familia hemos enfrentado una realidad a la vez dolorosa e indignante: la simulación institucional y la manipulación mediática encabezadas por dos servidores públicos responsables de investigar su paradero: el Fiscal de Personas Desaparecidas, José Ángel Herrera Cepeda, y la agente del Ministerio Público (MP), María Patricia Rojas Campuzano.
Durante más de dos años, ambos funcionarios han difundido información falsa o engañosa en medios locales, en comunicaciones oficiales y ante instituciones nacionales e internacionales para justificar la parálisis de la investigación y la suspensión ilegal de diligencias. Nosotros su familia, hemos solicitado, por escrito y en múltiples ocasiones, copia del supuesto oficio federal que habría motivado la suspensión de diligencias, pero la Fiscalía nunca lo ha entregado. Todo indica que no existe. No hay mayor confirmación de la mentira que la ausencia absoluta de un documento que legalmente debería existir si lo declarado fuera verdad.
De manera consistente con lo anterior, el fiscal Herrera y la MP Rojas Campuzano han sostenido versiones contradictorias, engañosas y, en algunos casos, directamente falsas, en diversos medios. A continuación, se detallan los principales patrones de manipulación identificados.
La mentira central: “La FGR atrajo el caso.”
En repetidas entrevistas, el fiscal Herrera declaró que la FGR atrajo el caso y que por ello la Fiscalía Estatal no podía realizar diligencias hasta recibir instrucciones federales; sin embargo, esta afirmación es falsa. La apertura de una carpeta federal no sustituye, desplaza ni suspende las obligaciones de la fiscalía estatal. La atracción formal requiere la existencia de un oficio de la FGR dirigido a la Fiscalía Estatal, y debe constar en la carpeta de investigación. Ese oficio no existe, ni en la carpeta, ni en manos de la familia. A pesar de múltiples solicitudes por escrito, ninguno ha entregado evidencia documental. Lo único verificable es una carpeta paralela abierta por la FGR, lo que no libera a la fiscalía local de seguir investigando y buscando a Marta. Aun así, el fiscal Herrera continúa mintiendo en medios y afirmando que no pueden actuar “porque la FGR atrajo el caso”.
La segunda mentira: “No podemos hacer diligencias porque la FGR aseguró el predio.”
Otra afirmación clave es que la FGR aseguró el rancho Las Rusias, donde desapareció Marta, y que por ello “no pueden llevar a cabo más diligencias”. Esto también es falso. El área asegurada es solo una fracción de aproximadamente 2000 m² (con una construcción de 450 m²), no las 700 hectáreas que conforman el predio completo. Esa fracción fue descartada desde el inicio como sitio de interés. El propio fiscal y la MP, declararon no haber encontrado indicios delictivos, incluyendo —según su dicho— “ausencia de sangre humana”. Nada en el supuesto aseguramiento impide que la fiscalía estatal lleve a cabo diligencias de búsqueda o investigación en el resto del predio.
La tercera mentira: “Estamos sujetos a las instrucciones de la FGR.”
En varios medios, el fiscal Herrera afirmó que estaban “sujetos a las instrucciones de la FGR”, pero nunca han podido mencionar, ni él ni la MP, quién es el funcionario federal que supuestamente les instruye, con qué facultades ni mediante qué documento. No existe rastro de instrucción, oficio, reunión, comunicación formal o línea de trabajo federal que respalde esa afirmación.
La MP Rojas Campuzano suspendió diligencias en la carpeta estatal alegando la misma mentira: que la FGR atrajo el caso y que no pueden continuar sin instrucciones. No existe fundamento jurídico para suspender diligencias por esa razón. Lo que sí existe es un patrón de excusas y justificaciones falsas.
La manipulación mediática: la fábrica de notas espejo
Además, un análisis de varios medios locales, revela que las mismas declaraciones del fiscal Herrera fueron copiadas y pegadas en distintos portales, multiplicando artificialmente la percepción de legitimidad. Estas notas contienen afirmaciones falsas, entre ellas:
Que la FGR atrajo el caso, que la FGR suspendió operativos, que la familia expresó inconformidad, que los operativos continúan, que se realizan búsquedas forenses y en vida.
Sin embargo, todo esto es falso. Este patrón muestra una postura institucional clara: construir y posicionar una narrativa que exima a la fiscalía estatal de responsabilidades.
Diversas notas afirman que la fiscalía “reactivó búsquedas”, “hará búsqueda aérea” o “mantiene operativos”. Sin embargo, la familia nunca ha sido notificada de estos supuestos operativos. Nunca se nos han entregado bitácoras, reportes ni resultados. Ninguna búsqueda declarada en estas notas ha sido comunicada formalmente, a pesar de solicitudes por escrito.
La mentira más cínica: “Investigaciones intensas”
El fiscal declaró públicamente que se han realizado “investigaciones intensas”. Esto es falso. Las búsquedas superan por mucho cualquier acto de investigación sustantiva. Prácticamente, no existen líneas de investigación, análisis de contexto, entrevistas exhaustivas ni desarrollo técnico penal. Desde el inicio, la fiscalía impuso una hipótesis prematura: que Marta cayó accidentalmente a un río y murió. Con base en esa conjetura, descartaron el resto de las hipótesis posibles y la búsqueda en vida.
Como familia, hemos presentado más de 60 oficios solicitando copia del supuesto oficio de atracción, reportes de operativos, bitácoras, resultados y actuaciones de investigación. A la fecha, ni el fiscal especializado Herrera, ni la MP Rojas Campuzano, han cumplido con su obligación de responder.
Análisis de la respuesta del Estado ante el Comité contra la Desaparición Forzada (CED)
A esta arquitectura de mentiras y simulación se suma la respuesta oficial enviada al Comité contra la Desaparición Forzada (CED), analizada exhaustivamente por la familia. En dicho análisis, enviado al CED y en espera de la respuesta del gobierno, evidenciamos que la información remitida por el Estado mexicano se encuentra plagada de inexactitudes, omisiones graves, datos contradictorios y afirmaciones sin sustento, pues se reportan supuestas acciones de investigación y búsqueda que nunca han sido documentadas, notificadas ni acreditadas. Además, se reiteran como hechos comprobados afirmaciones que la propia fiscalía estatal ha sido incapaz de respaldar con documentos o resultados. Se insiste, además, en presentar como investigación lo que en realidad son salidas de campo sin planeación técnica.
Como familia también destacamos que la respuesta estatal invisibilizó la suspensión ilegal de diligencias, omitió reconocer la falta absoluta de investigación penal sustantiva, minimizó la falta de acceso a información y ocultó los reiterados esfuerzos escritos que han sido ignorados por los funcionarios responsables. Con ello, la respuesta de México ante el CED no solo deformó la realidad, sino que consolidó la misma narrativa falsa desplegada en medios por el fiscal Herrera y la MP Rojas Campuzano: buscar sin investigar y mentir para justificar la inacción.
Los instrumentos nacionales e internacionales aplicables establecen obligaciones claras: investigar de manera ininterrumpida; realizar búsqueda exhaustiva en vida y post mortem; actuar con debida diligencia reforzada; informar a la familia; permitir su participación; garantizar acceso a la verdad; documentar todo acto; y evitar la revictimización. Las actuaciones del fiscal Herrera y de la MP Campuzano violan repetidamente estos principios.
El rey y la reina de las mentiras
El fiscal José Ángel Herrera Cepeda y la MP María Patricia Rojas Campuzano construyeron un relato ficticio para justificar la parálisis del Estado. Mintieron sobre la atracción del caso por la FGR; mintieron sobre la supuesta prohibición de actuar; mintieron sobre la suspensión obligada de diligencias; mintieron sobre la existencia de instrucciones federales; mintieron sobre operativos; mintieron sobre investigaciones intensas; y mintieron al atribuir declaraciones inexistentes a la familia. Mintieron en medios. Mintieron ante instituciones. Y mintieron en comunicaciones oficiales, incluso internacionales. Toda esta arquitectura narrativa tiene un propósito evidente: evadir responsabilidad. Mientras tanto, cada día sin que se investigue efectivamente es un día perdido para encontrar a Marta Granados. Y quizá ese sea precisamente el objetivo.
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*Juan Pablo Castelblanco Granados es hijo de Marta Granados, y sigue en la búsqueda de su madre, hasta encontrarla. Para más información pueden consultar esta página.
Foto de portada: Árbol de los desaparecidos, cortesía de Francisco Juárez Guel.