A dos años del inicio de la administración estatal que encabeza Manolo Jiménez Salinas, la deuda con las víctimas de delitos o producto de acciones que les han dañado su patrimonio y bienestar emocional sigue pendiente.
Prueba de eso son los obreros de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) que reclaman que el gobierno estatal no les ha dado ni siquiera una despensa, mientras que las familias de personas desaparecidas cuestionan el Programa de Apoyo Integral ha dejado mucho que desear y en el caso de los migrantes prevalecen los abusos policiacos.
“Ni despensas, ni nada. Llevamos más de 3 años sin recibir nuestros salarios ni prestaciones. Trabajamos en lo que se pueda solo para tener un poco de dinero y mantener a la familia”, dijo Julián Torres, representante de los obreros.
La Región Centro del estado depende económicamente de la siderúrgica que en su momento fue la más importante de América Latina y su quiebra generó distintas problemáticas que dañan la situación de diversos sectores.
“Es una crisis social bien grave que los gobiernos no han dimensionado y no han tenido la sensibilidad de ver la situación de Monclova. Somos 9 mil 600 trabajadores que estamos sin empleo y los más jóvenes ya se fueron a los Estados Unidos y a otros estados de México como San Luis Potosí y Zacatecas. Si no le ponen atención, Monclova va a ser una ciudad perdida”, señaló Torres.
El obrero afirmó que el nivel de vida de los trabajadores se vino abajo. Muchos de ellos se dedican a actividades poco remuneradas y temporales como la albañilería o la venta de comida.
“Sinceramente es muy lamentable que nuestros compañeros vivan de esa manera. Se han muerto compañeros, alrededor de 40 que esperaban su finiquito, también hemos tenido dos suicidios y hay divorcios y desintegración familiar. Ya es un caos y el gobierno no se da cuenta”.
DEFICIENCIAS EN PROGRAMA PARA FAMILIAS DE PERSONAS DESAPARECIDAS
El Programa Integral para Mejorar la Vida de las Familias de Personas Desaparecidas todavía no logra su objetivo por la falta de recursos y voluntad política.
“El programa simplemente no funciona. En el aspecto de salud ni hay equipo ni especialistas para atender los problemas que presenta la mayor parte de nosotros que somos ya adultos mayores”, aseguró Daniel Durán Hernández, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y cuyo hijo del mismo nombre, desapareció en la ciudad de Piedras Negras el 4 de julio del 2009.
A nombre de sus compañeros y compañeras analizó el llamado Programa Integral Para Mejorar la Calidad de Vida de las Familias de Personas Desaparecidas que se presentó el pasado mes de febrero y que de acuerdo al gobierno de Jiménez Salinas “es un instrumento de respaldo institucional que ordena y sistematiza las acciones que se realizarán de manera permanente y se integrará un sistema de asistencia social”.
Sin embargo, Daniel señaló que en materia de salud el programa no ha funcionado porque al llegar a alguna institución estatal encuentran que no hay medicamentos y no se cuenta con los aparatos necesarios para realizar estudios, como son los rayos x, cardiología y tampoco especialistas de la columna y oftalmólogos.
El buscador enfatizó que las autoridades deben de ver que se trata de adultos mayores, que requieren de diversas especialidades y estudios que simplemente no se encuentran en los hospitales ni centros de salud.
“Nos dan una credencial o un código QR para recibir la atención médica, pero nos encontramos con una serie de deficiencias. Creo que se debió de empezar por reestructurar todo el sistema de gobierno, porque no solo es salud sino otras cosas como la vivienda”, explicó.
Dijo que en su caso pudo atenderse en la Ciudad de México, pero hay varios de sus compañeras y compañeros que no lo pueden hacer e incluso varias han fallecido.
Puso también como ejemplo el caso de una persona que perdió su vivienda, debido a que la propiedad estaba a nombre de su hijo desaparecido.
“El gobernador Rubén Moreira le dijo en ese entonces que no había nada que hacer y que la casa estaba perdida. Ahora surge este programa y acude a la oficina de vivienda con un tipo que se llama Ángel y él manifiesta que no tienen presupuesto para construir viviendas, y además que no hay un centímetro de tierra para construirlas. El gobernador Manolo Jiménez podrá tener a lo mejor las intenciones y nos puede decir que está supervisando personalmente los casos de las personas, pero en los hechos no hay avances”, puntualizó.
Expuso que el programa también contempla establecer becas para los niños y los adolescentes, sin embargo, en estos momentos la problemática es diferente al ser familias con hijos desaparecidos de larga data.
Añadió que a los menores de edad no se les atendió en ese tiempo y ahora hay muchos casos donde se está padeciendo el problema de las adicciones, derivado del daño emocional que ha sido para niños y jóvenes haber crecido sin la presencia de su padre o madre.
Dijo que esta problemática ni se analiza ni se aborda por parte de las autoridades, porque no la consideran como una repercusión del problema de la desaparición forzada que se sigue presentando en el estado.
“Necesitamos más que voluntad política; lo que se requiere son recursos económicos y sin estos sigue creciendo el problema tanto y ahora tenemos 40 personas desaparecidas diariamente en todo este país, estamos encontrando fosas clandestinas por un lado y por otro y no se da abasto; tampoco hay laboratorios suficientes para exámenes forenses y realizar la identificación de estos restos. Es una problemática muy compleja y desgraciadamente yo siento que la base fundamental de la solución es tener recursos, pero no los hay”, detalló.
LOS ETERNOS ABUSOS CONTRA MIGRANTES
Los abusos contra migrantes es otra deuda que tiene la administración estatal encabezada por Manolo Jiménez Salinas a dos años de haber iniciado.
“No hay interés del Estado para proteger a las personas migrantes en tránsito que siguen siendo agredidas por la propia Policía Estatal y las municipales”, afirmó Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de la casa del migrante en la ciudad de Saltillo.
Para el defensor de los derechos humanos, al ser Coahuila un estado fronterizo, hay un olvido para atender a la gente en tránsito y considera que es un tema que a nivel Estatal no se ha querido abordar.
Reconoció que hay avances en torno al caso de los refugiados, pero hay un sector importante que está en constante movilidad y a quienes no se les protege.
“Sigue habiendo diferentes agresiones en contra de las personas migrantes por parte de las policías del estado y las policías municipales también, entonces me parece que es otra deuda pendiente del gobierno actual en Coahuila”, explicó.
Xicoténcatl Carrasco manifestó que durante años han pugnado porque las propias autoridades se auto reconozcan como un estado, y el municipio de Saltillo, santuario para los migrantes y donde estos puedan sentirse protegidos y protegidas, pero es algo que a las autoridades no les interesa.
“Hemos visto que quien ha protegido es la gente la sociedad civil y por eso consideramos que Saltillo se ha convertido en una ciudad santuario, pero por la propia comunidad. No hemos visto realmente una política pública enfocada en la sensibilización”.