El último de los primos que se mató en una mina fue Santiago Chávez Navarro. Aquello pasó el tres de agosto del 2012. Chago, como le decíamos en la familia, tenía 38 años, una esposa y dos hijas, no tenía padres. Su madre murió en el año 2000, en Sabinas, Coahuila, y su padre, bueno, sigue vivo… pero siempre estuvo ausente.
El padre de Chago se llama Pepe Chávez y es músico, muy famoso en la región, más en aquellos años. Tenía un grupo llamado Fantástico Amanecer, toda una sensación en Esperanzas, un pequeño pueblo de Múzquiz de donde Pepe era originario. Él era el cantante. Pepe y su esposa se divorciaron. En la familia se cuenta que Pepe ejercía violencia a la tía y esto fue la causa de su divorcio.
Al músico no se le vio en el funeral de Chago. Y si asistió, tal vez fue un breve momento en el que ningún familiar pudo acceder a su recuerdo, debido a las pocas fracciones de minutos que debió haber durado su visita. Fue un padre ausente hasta en el funeral de su hijo.
Chago murió junto con José Juan Vásquez, Adolfo Vigil Medina, José Alfredo Zarazúa, Rodolfo Alfredo Macías y Marcos Alejandro Morales Silva. Todo se debió a un derrumbe dentro de la Mina VII, propiedad de Minera del Norte S.A. de C.V., subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA). Por aquellos años en que Javier Lozano Alarcón era el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y que en total de su cargo como funcionario dejó 84 mineros siniestrados en la Región Carbonífera.
Lo siguiente es la crónica de aquel suceso en Mina VII, una mina que, en su momento, presumió ser de vanguardia al contar con la mejor tecnología, pero el acta de inspección 162/00781/2012 realizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y derivada de este siniestro, se demostró que no cumplía con 131 medidas de seguridad.
Una inspección en la mina más moderna de América Latina
Durante los años 2000 los trabajadores de Mina VII presumían que era la mina más segura y moderna de toda América Latina, aun teniendo eventos como el ya mencionado en su historial laboral. “Era automática y computarizada”, se decía.
Mina VII estaba ubicada en Progreso, Coahuila, muy cerca de Barroterán. Fue un emblema en toda la comunidad por ser una mina grande, actual y que daba empleo a cinco municipios.
En aquel entonces en Mina VII trabajaban 1,039 personas, de las que 1,035 eran hombres y sólo 4 mujeres.
Del 19 al 22 de junio de 2012, en Mina VII, se realizó la Inspección en Materia de Seguridad e Higiene en Minas Subterráneas de Carbón, en la que participaron los inspectores Jorge Luis Morales Sifuentes y José Ángel Medina Fabián, de la Oficina Federal del Trabajo en Sabinas Coahuila.
En dicha acta, la medida 25 expresaba: “Colocar emparrillado faltante con el fin de evitar caída de material a la altura del Crucero 30 inclinado C y específicamente donde se ubica el ducto del drenaje (interior)”. La medida 28 manifestaba: “Colocar emparrillado faltante en tablas y techo en el crucero 10 del cañón tercer auxiliar y 1 Oriente…”.
Por la medida 32 se puedo corroborar que “la mina más segura y moderna de América Latina” no contaba con un botiquín de primeros auxilios para sus mineros. La medida número 39 solicitaba “Completar el sistema de fortificación (huacales) en los tapones de cierre de la Frente larga cañón 2 Poniente”.
En esa Orden de Inspección con número 162/000512/2012 se encontraron 71 medidas de las cuales Mina VII debía atender sólo una de manera inmediata y a las otras 70 se les otorgaron cinco días como plazo para dar cumplimiento. La prioridad no fue atender los emparrillados ni las fortificaciones, las medidas 25, 28, 32 y 39 formaron parte del plazo de los cinco días.
El 10 y el 12 de julio de 2012 se realizaron otras dos inspecciones a la misma mina a cargo de la Delegación Federal del Trabajo en el Estado de Coahuila bajo el expediente 162/000548/2012. En esa ocasión los inspectores fueron José Arturo Ríos Cepeda y Jonathan Isaí González Figueroa, quienes comenzaron la inspección cabalísticamente el día 10 a las 10 de la mañana.
La primera inspección se debió a la revisión de capacitaciones, para ser específicos a Cláusulas relativas a la capacitación y adiestramiento en la Contratación Individual y Cláusulas relativas a la capacitación y adiestramiento en la Contratación Colectiva.
Se hizo una profunda revisión de constancias y planes, se revisó una lista con las habilidades laborales de los empleados. Después los inspectores interrogaron a dos empleados. Uno mencionó que sí recibió capacitación, pero que no se le hizo entrega de constancia. Por otro lado, otro trabajador comentó que sí recibió capacitación y su respectiva constancia.
El acta se cierra a las 15 horas, nadie manifiesta nada y todos proceden a firmar para dar por concluida el Acta de Inspección Periódica en Materia de Capacitación y Adiestramiento a Trabajos en Minas Subterráneas de Carbón.
La segunda inspección se centró en el área administrativa, pues su visita era para corroborar si había día de descanso: sí había; si se pagaron horas extras: sí se pagaron; si se daba aguinaldo: sí se pagaba; cuándo se pagó: se pagó el 04 de diciembre.
Dos inspectores federales visitaron la mina para dar seguimiento a tareas administrativas.
El acta de inspección continúa en un riguroso y extenso llenado (innecesario de mencionarlo completo) que va desde las altas de sus trabajadores ante el IMSS, los enteros al INFONAVIT o FONACOT hasta la antigüedad y el escalafón.
“La empresa siempre es responsable y siempre ha cumplido con todas las prestaciones y responsabilidades que tiene ante sus trabajadores”, manifestó René Maldonado Castaldi, el representante legal de la empresa. Después procedió a firmar el acta de inspección.
El representante de los trabajadores, el testigo de asistencia y los dos inspectores no manifestaron nada ante el acta y firman dando así fe de esa legalidad. El acta de Inspección Periódica en Materia de Condiciones Generales de Trabajo en Minas Subterráneas de Carbón se cerró a las 14 horas de aquel 12 de julio, un día después del Día del Minero.
El siniestro
La muerte de Chago ocurrió cuando yo cursaba la preparatoria. En esas vacaciones no hacía más que permanecer encerrado desde la mañana hasta en la tarde, como la mayoría de los jóvenes, en donde sólo se permitía salir a un espacio seguro como lo era “Vacaciones con Jesús”.
Pues, además de muertes de mineros, el 2012 es recordado porque helicópteros de la Marina volaban a escasos veinte metros de los pueblos de la Carbonífera, dejando tolvaneras y dispersando cubetas y prendas que caían de los tendederos: buscaban Zetas en las brechas, en las calles y en nuestros patios.
Recuerdo perfectamente el viernes en que murió Chago: por la mañana vi un video en YouTube con la mejor selección de fotografías post-mortem de la época victoriana. El fondo de la galería era How to disappear completey de Radiohead, la cual, al escucharla nuevamente, me remonta al momento en que la radio transmitía la noticia del derrumbe. Me recuerda a mi abuela llorando desconsoladamente en su cocina, donde poco a poco la familia comenzó a reunirse e iniciar con los preparativos funerarios. Me recuerda a Chago, a su funeral y su entierro, a pleno mediodía que, a pesar de que era canícula, estaba completamente nublado. Recuerdo el aroma de los girasoles que brotaban de la tierra del panteón y el Biker Fest.
El siniestro se debió a la acumulación de gas, lo que hizo que se desprendiera el techo. Por las anteriores inspecciones podemos deducir que tal vez las parrillas eran ineficientes. El carbón y la tierra cayeron sobre ocho mineros, de los cuales lograron sobrevivir dos: José Armando Robles Piña y Miguel Rodríguez Alfaro. (Si eso pasaba en la mina más segura, imaginemos qué pasa en la actualidad en los pozos y cuevas de carbón, minas con menor seguridad e infraestructura).
Cuando el derrumbe pasó, las familias de los mineros llegaron a las instalaciones de la Mina VII, y ahí descubrieron que el vocero de AHMSA era el padre Armando de Palaú, y fue este quien dio a conocer los nombres de los mineros siniestrados, lo hizo como si pasará lista, repitiéndolos una y otra vez. La causa de muerte de Chago fue por “asfixia”, lo supimos por medio de las estaciones de radio, quienes cubrían la noticia y que también repitieron los nombres de los muertos por casi una hora.
En la familia había momentos prolongados en los que no existía llanto, sólo rezos. Todos se concentraban en el clamor de la injusticia y el enojo por ser, en ese momento, los desafortunados del pueblo. Mi padre, junto con su vecino y dos tíos, sepultaron a Chago. Los medios aprovecharon para tomar fotos al sepelio y al día siguiente el periódico La Prensa afirmaba: “los familiares se despedían del ser amado que la naturaleza les había quitado”.
Un siniestro causó seis velorios en cinco funerarias, en cinco pueblos y en cinco parroquias, en donde se realizaron misas de cuerpo presente, todas al mismo tiempo.
Tan sólo ocho días antes había ocurrido otro siniestro en el municipio de Progreso, Coahuila, en un pozo de carbón. Hubo ocho mineros muertos, todos vecinos del pueblo de Palaú.
La muerte estaba presente en todos los pueblos de la Región Carbonífera. Era acompañada por la violencia, ya sea por la violencia laboral, violencia familiar o la violencia derivada de la presencia de los grupos delictivos por estas zonas.
La muerte fue constante y provocó que aumentara el número de devotos a la Santa Muerte, devoción que sigue en muchos pobladores, aunque ya oculta. Incluso, a finales del 2011, se había destruido una capilla a la Santa Muerte en la Carretera Federal 57, entre el pueblo de Agujita y la ciudad de Nueva Rosita, a un lado de otra capilla a la Virgen de Guadalupe.
Según testigos, aquel altar fue destruido por policías o soldados, y se dice que fueron órdenes del entonces gobernador interino Jorge Torres López, tras ocurrir la brutal Masacre de Allende, una de las primeras respuestas (y seguras) fue derribar todas las capillas a la Santa Muerte, ya que se creía que estas eran construcciones elaboradas por integrantes del Cártel de los Zetas.
La inspección extraordinaria
Tras el siniestro, el tres de agosto se giró la orden de inspección extraordinaria en materia de Seguridad e Higiene con expediente 162/000781/2012, la cual se ejecutó los días siete, ocho y nueve de agosto, tres días después de la muerte de Chago y sus compañeros.
En esta inspección participaron los inspectores Jorge Luis Morales y Rolando Alberto Rodríguez, también estuvieron presentes Rubén Gómez Tenorio, representante patronal y Luis Alberto Hidalgo, quien se desempeñaba como Jefe de Seguridad de Mina VII.
Durante el recorrido se identificaron 133 medidas que debían atenderse. Todas ellas empezaban con los verbos: desyerbar, instalar, fijar, reforzar, practicar, colocar, adecuar, etcétera.
También se practicaron interrogatorios a sus trabajadores, quienes fueron nombrados como “anónimos varios”, operarios del área de desarrollos.
¿Tiene conocimiento de accidentes ocurridos en el centro de trabajo? Respuesta: Si.
¿Le proporciona el patrón equipo de protección personal en función a los riesgos de trabajo a los que está expuesto? Respuesta: Sí.
¿Le comunican sobre los riesgos de trabajo a los que está expuesto por las actividades que desarrolla? Respuesta: Sí.
Después las respuestas fueron más largas, pero no se hondó más por parte de los inspectores.
¿Tenían conocimiento de bolsas de gas en el mes pasado?
Respuesta: Sí han ocurrido, de hecho, nos acordamos de tres en el mes pasado (refiriéndose a julio, mes en donde se realizaron dos inspecciones, véase apartado “Una inspección en la mina más moderna de América Latina”).
¿Qué tipo de ventilación se utiliza en el minero continuo número 1 y si es suficiente esta ventilación?
Respuesta: Se utiliza ventilación soplante, pero consideramos que no es suficiente.
¿Considera que el método de barrenación es efectivo?
Respuesta: No es efectiva.
¿En qué condiciones se encuentran las frentes de trabajo respecto a la concentración de gas?
Respuesta: Existen altas concentraciones de gas metano en un rango de al menos 5% en la frente del minero continuo número 7 y existe carbón descompuesto o alterado. (Es preciso mencionar que el rango máximo permitido es el 1.5% de gas metano en las minas de carbón).
Las primeras tres preguntas se repiten a Xicoténcatl Maciel, analista de Mina VII, las cuales respondió afirmativamente. Sin embargo, también se le pregunta:
¿Podría describirnos los hechos ocurridos desde el inicio de su jornada hasta después del accidente?
La manifestación del representante patronal fue la siguiente: catalogó como “falso de toda falsedad” que en el interior de la mina existieran concentraciones de al menos 5% de gas metano. Además, afirmó que las personas que participaron en el recorrido de inspección realizaron lecturas a los metanómetros que arrojaron menos de 1.5%.
En realidad, el representante patronal no pudo explicar que Mina VII dejaba de funcionar de manera automática al momento de contar con presencia mayor del 1.5% de gas. Esto se debió al nulo conocimiento que tenía sobre su representada.
Quienes pueden, firman el acta, quienes no, se regresan a trabajar. El cierre de acta pasó a las 05:00 horas del nueve de agosto.
Minera del Norte S.A. de C.V. responde
De las 133 medidas encontradas 10 debían atenderse inmediatamente.
A los mineros José Armando Robles Piña y Miguel Rodríguez Alfaro, se les dedicó la Medida No. 118 “practicar a la brevedad posible la valoración médica y psicológica integral”, como única medida de atención ante el trauma de la injusticia y sufrir un acontecimiento violento, por ver morir a sus compañeros de trabajo, por ser sobrevivientes.
Minera del Norte responde: “Hacemos mención que: derivado de esta medida se les practicó examen médico y psicológico a los trabajadores, los cuales quedan a disposición del departamento médico y serán mostrados al momento de ser requeridos por la distinguida dependencia”.
La respuesta fue presentada engargolada y acompañada de fotografía de las correcciones en las cuales, posaban algunos trabajadores, dramatizando y recalcando la atención a las medidas. Mina VII siguió funcionando 10 años más.
Diferencias entre cascos mineros y cascos para motociclistas
El tres de agosto, mientras ocurría el siniestro y familias se aglomeraban abriéndose paso entre elementos del ejército para entrar a las instalaciones de Mina VII, en los terrenos de la Astroferia Rosita se reunían motociclistas de diferentes partes del país y de la región. El domingo cinco, mientras los mineros eran sepultados, en la iglesia de Guadalupe de Nueva Rosita se hacía la bendición de los cascos de los motociclistas que participaron en el Biker Fest.
Este evento fue criticado por el periodista Jesús Medina quien en el periódico La Prensa escribió: “el ruido de las motos no apagaba el llanto de las familias”. El Biker Fest fue encabezado por Antonio Nerio Maltos, que en ese momento era el alcalde de San Juan de Sabinas.
Para los participantes del Biker Fest fueron tres días de fiesta en donde recorrían las calles de la ciudad, presumían los modelos de sus motos y portaban con orgullo sus cascos y chaquetas que identificaban a cada grupo biker.
Nerio Maltos abrió el evento, incluso un invitado especial fue el alcalde de Monclova, Coahuila, Melchor Sánchez de la Fuente y su gran número de motociclistas. Las motocicletas era una prioridad para la administración del alcalde de Nueva Rosita, pues al inicio de su administración denominó a esta ciudad como “el hogar del biker”.
Al alcalde le gustaban todo tipo de motores. En el año 2010 publicó un video en el que se le ve dentro de una avioneta, realizando vuelos acrobáticos.
El alcalde conocía muy bien al carbón, ya que además de nacer en la región, su padre era Antonio Nerio Rodríguez, alcalde de Nueva Rosita de 1997 a 1999 y, en ese año, (2012), se desempeñaba como empresario minero. La familia Nerio tenía cuevas de carbón, una de las maneras más peligrosas y letales de extraer este mineral.
Hasta el año 2012 Nerio Rodríguez se había beneficiado con 300,000 toneladas de carbón que revendía a Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través de la Promotora para el Desarrollo Minero, (PRODEMI). Actualmente desaparecida.
El libro El Carbón Rojo de Coahuila Aquí Acaba el Silencio, publicado por la Fundación Heirich Böll Mx y El Caribe y la Organización Familia Pasta de Conchos, documentó cómo el padre del entonces alcalde podía extraer carbón de manera ilegal sin ser castigado, utilizando recursos públicos como la policía para atacar a quienes se interpusieran contra sus intereses.
Ciudades como Nueva Rosita y pueblos como Cloete fueron sometidos por la extracción clandestina y fueron condenados al deterioro ambiental por la mala praxis política de Nerio Maltos, quien además de haber sido diputado del PRI, fue director general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, y por si fuera poco en su currículum, actualmente es el director de Infraestructura y Obra Pública de Saltillo.
Nerio no fue capaz de suspender aquel festival en medio del luto. Lo único que hicieron algunos motociclistas fue portar un moño negro en el brazo. El dolor le fue ajeno al entonces alcalde. Quizá la muerte de mineros no significaba nada ante un evento que según periódicos de la fecha “significaba una gran derrama económica”.
No cabe duda que el año 2012 es ejemplo de las grandes desigualdades entre quienes son beneficiados por el carbón y quienes son víctimas de las consecuencias de su extracción.
En el año 2013 se volvió a realizar una inspección en materia de Seguridad e Higiene en la Mina VII. Una de las medidas fue “Realizar limpieza de telarañas en lámparas, en uniones de pared y techo, así como también en cajas de registro eléctrico en el cuarto de manejo de carbón. También en los sanitarios de la jefatura”. Sin embargo, en el 2017 ocurrió otro siniestro en la mina más moderna de América Latina.