Familias del estado de Coahuila jugaron un papel fundamental en la determinación para que el Comité de Desaparición Forzada de la ONU llevará hasta la Asamblea General la grave crisis que en la materia registra México.
Las integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, Diana Iris García y María Luisa Lazarín, fueron algunas de las madres de personas desaparecidas que acudieron hasta Ginebra para llevar el contexto que en el país se vive en torno a la desaparición forzada.
Con la exigencia de la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, las integrantes de Fuundec presentaron un análisis de lo que por años han enfrentado como víctimas, así como la crisis forense que dificulta la identificación de cuerpos y restos localizados en fosas clandestinas y los mismos cementerios públicos.
“Creemos que después de haber recibido una serie de comunicados y de oficios que hicimos por parte de los colectivos, acompañados por organizaciones de la sociedad civil quienes nos asesoran, el Comité pudo fortalecer su respuesta y tomar la decisión que hoy con agrado recibimos”, dijo Iris García.
La madre de Daniel Cantú Iris, desaparecido desde hace más de 19 años, lamentó la respuesta del Estado Mexicano, quien se niega a aceptar la terrible crisis que viven las familias.
“Desde las familias seguiremos impulsando hasta que sea una realidad; no vemos otra salida a la grave crisis. Todavía no nos recuperamos de lo que nos comunicaron la semana pasada sobre el Registro Nacional de Personas desaparecidas con lo que tratan de disminuir la cifra. Su postura es realmente lamentable y abona a seguir con los índices de impunidad y corrupción que prevalecen en el país”, señaló.
A pesar de la gravedad del tema, la petición no contó con el respaldo de la totalidad de los colectivos de familias de personas desaparecidas.
Otro aspecto de la intervención de colectivos de Coahuila para documentar la gravedad de la problemática por las desapariciones forzadas en el país, ocurrió en el 2017 cuando el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, que en ese momento aún dependía de la Diócesis de Saltillo a cargo del hoy obispo emérito Raúl Vera López, así como la organización de Familias Unidas en la Búsqueda de Personas Desaparecidas FAMUN, quien a través de su representante legal Ariana García realizaron la documentación de los casos de desaparición donde intervinieron agentes del estado.
Los casos se presentaron en la Corte Penal Internacional a través de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), organismo que también remitió los expedientes al Comité de Desaparición Forzada de la ONU y los cuales fueron considerados para la determinación que se emitió este día en torno a solicitar a la Asamblea General considerar la desaparición forzada como un delito de lesa humanidad cometido en México.
“Es un logro muy importante, pues se reconoce plenamente que en el estado de Coahuila las desapariciones denunciadas han sido sistemáticas generalizadas y no solo constituyen delitos de lesa humanidad”, señaló la abogada, quien desde hace tiempo documentó los casos donde participaron elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales, así como de otros cuerpos de seguridad, tanto municipales como del estado y militares.
Ariana García reconoció el trabajo que hiciera en ese sentido Blanca Martínez, quien fuera directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y quien murió el pasado mes de noviembre.
Sostuvo que la intención siempre ha sido que se reconozca la responsabilidad del Estado Mexicano como parte responsable de la omisión puntual en la investigación de los casos de desaparición.
Señaló que en el estado de Coahuila, a pesar de que hay mesas de diálogo y de trabajo, no se tienen respuestas definitivas como es la localización e identificación de los restos humanos, los cuales forman parte de la crisis que se vive a nivel nacional.
RESPUESTA DEL ESTADO MEXICANO
En la respuesta que México emitió al Comité se establece que la información recibida respecto a Coahuila corresponden a casos ocurridos entre el 2009 y 2016 “que no resultan representativos de la situación nacional actual en su conjunto, si se consideran la extensión territorial y la magnitud poblacional de un país como México”, señala el documento en el que se asegura que Coahuila ha fortalecido sus capacidades tanto normativas como institucionales “para garantizar la prevención, la investigación y la búsqueda de personas desaparecidas”.
Detalla que el estado mantiene los datos actualizados de personas desaparecidas que se inscriben en el Registro Nacional. Las cifras señalan que son tres mil 330 casos de los cuales sólo 333 no han sido localizadas y 337 se localizaron sin vida.
También se señala que de los casos presentados por la FIDH, solo en siete se emitieron acciones urgentes, existen cuatro recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violaciones graves cometidas en el estado, entre ellas la de la masacre de Allende, y de las cuales tres se encuentran aceptadas por las autoridades y presentaron pruebas de cumplimiento parcial.
En una, donde existen 21 víctimas por actos atribuibles a elementos del desaparecido GATE y GATEM, las autoridades del gobierno estatal y la Secretaría de Seguridad Pública se han negado a aceptarla.
“El estado mexicano rechaza la afirmación que hace la FIDH sobre una supuesta comisión de desapariciones forzadas de manera sistemática y generalizada, tanto en el pasado como en el presente en los estados de Coahuila, Jalisco, Nayarit y Veracruz. Mucho menos se puede afirmar que existe tal práctica en el resto del territorio nacional”, puntualiza el punto 544 de las 549 argumentos que como respuesta emitió el gobierno mexicano.