Organizaciones de la sociedad civil y colectivas feministas intensificaron la presión al Congreso del Estado de Durango para que despenalice el aborto y cumpla con los mandatos judiciales que ordenan reformar el Código Penal local.
Desde el recinto legislativo, activistas ofrecieron una rueda de prensa en la que exhortaron a diputadas y diputados a atender la resolución emitida por un tribunal federal.
El 18 de julio de 2025, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito resolvió el Amparo en Revisión 116/2023, promovido por Sí Hay Mujeres en Durango y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), con el respaldo de REDefine Durango y activistas locales.
En su fallo, el tribunal declaró inconstitucionales los artículos que prohíben de forma absoluta el aborto voluntario en el Código Penal de Durango y ordenó al Congreso local reformar la legislación penal.
Este avance forma parte de una estrategia jurídica impulsada por organizaciones civiles y colectivas feministas desde la sentencia de la Suprema Corte en el caso Coahuila, en septiembre de 2021, con el objetivo de eliminar el delito de aborto de los códigos penales del país y reconocerlo como un servicio de salud esencial al que puedan acceder mujeres, hombres trans y personas no binarias gestantes para ejercer su autonomía reproductiva.
La actual LXX Legislatura del Congreso de Durango fue notificada oficialmente de la resolución judicial el 5 de septiembre de 2025, por lo que el plazo para cumplir con el mandato venció el 15 de diciembre del mismo año, al concluir el periodo ordinario de sesiones. Sin embargo, la reforma al Código Penal no se llevó a cabo.
Las organizaciones recordaron que no es la primera vez que se intenta avanzar en esta materia en Durango. En septiembre de 2021, mujeres organizadas presentaron la primera iniciativa popular en México impulsada desde la sociedad civil, respaldada por más de siete mil firmas ciudadanas. Pese a ello, la propuesta fue rechazada en 2022, lo que evidenció la resistencia política frente a una demanda social legítima.
Durante la conferencia, se subrayó que el Congreso tiene la obligación constitucional de legislar bajo el principio de laicidad del Estado, establecido en el artículo 40 de la Constitución federal y refrendado en el artículo 60 de la Constitución local. Las colectivas señalaron que el respeto al Estado laico es fundamental para garantizar los derechos humanos, la salud integral y la autonomía reproductiva, ya que permite tomar decisiones libres de injerencias morales o religiosas.
Julieta Hernández Camargo, integrante de Sí Hay Mujeres en Durango, explicó que aunque actualmente no hay mujeres sentenciadas por abortar en la entidad, la penalización vigente genera miedo e inhibe el acceso a servicios de salud.
“La vigencia en el Código Penal genera temor tanto en las mujeres que requieren acceder a un servicio de aborto como en las médicas y los médicos que lo practican”, afirmó.
Por su parte, Francisco Cué, de GIRE México, destacó que gran parte de los avances en el país se han dado por la vía judicial.
“Veinticuatro de las 32 entidades federativas han despenalizado el aborto voluntario; diez de ellas lo hicieron en cumplimiento de mandatos judiciales, como Coahuila, Chihuahua y recientemente Tlaxcala, tras sentencias en las que la Suprema Corte decretó la inconstitucionalidad de las disposiciones que criminalizaban el aborto”, señaló.
Las organizaciones también enfatizaron que el aborto debe abordarse como un asunto de salud pública. La Organización Mundial de la Salud lo reconoce como un servicio esencial y recomienda su despenalización y la eliminación de barreras que dificulten el acceso. Indicaron que en contextos donde la legislación es más flexible, las complicaciones por abortos inseguros son menores, como ocurre en la Ciudad de México, donde no se registran muertes maternas por aborto inseguro en los servicios públicos.
Finalmente, denunciaron que durante años han suplido las obligaciones del Estado mediante la difusión de información, acompañamientos y atención a mujeres y personas gestantes. Tan solo entre 2022 y 2025, la colectiva Acompañantes Laguna registró 470 acompañamientos de abortos autogestivos en Lerdo y Gómez Palacio, casos que reflejan la falta de atención oportuna por parte de las instituciones públicas.
Las organizaciones firmantes hicieron un llamado al Congreso de Durango para que aplique los criterios establecidos por la Suprema Corte, cumpla con la orden del Tribunal Colegiado y garantice la interrupción del embarazo como un servicio de salud esencial para las mujeres y personas con capacidad de gestar en el estado.