La llamada Masacre de Allende mantiene a las víctimas y sus familias en la disyuntiva de obtener la justicia o la verdad, pues ambas será imposible a raíz de que se emitieron actas de defunción de varias personas sin tener certeza de que habían muerto.
De anularse las mismas y retomar el estatus de personas desaparecidas, el proceso judicial abierto por el que hay 11 sentencias: cinco contra elementos de seguridad de dicho municipio y el resto a integrantes de la delincuencia organizada, se vería afectado.
Fue del 18 al 20 de marzo de 2011 cuando integrantes de Los Zetas se desplegaron por diversos puntos para privar de su libertad a varios habitantes del municipio ubicado en la región Cinco Manantiales, a poco más de 57 kilómetros de distancia de la frontera con Texas, hacia donde huyeron muchos más.
De acuerdo a la recomendación 10VG/2018, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hubo 38 víctimas.
Las cifras del gobierno de Coahuila apuntan a que fueron 28, aunque funcionarios de la administración de Rubén Moreira Valdez (2011-2017) filtraron que había más de 300 personas que estaban desaparecidas en Allende y un centenar más en Piedras Negras. Este último número trascendió también en juicios que se llevaron a cabo contra criminales en cortes de Texas.
A 12 años de los acontecimientos, Ariana García del Bosque, abogada y representante legal de familias afectadas por los hechos, señaló que aún quedan muchos aspectos para dimensionar la de por sí tragedia humanitaria, denunciada como delito de lesa humanidad ante la Corte Interamericana, junto con el hoy obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, a través del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
“Los problemas principales son que, sin que las familias supieran, se emitieron las actas de defunción sin siquiera localizar los cuerpos. Entonces al intentar tramitar la declaración de ausencia nos encontramos con la existencia de estas actas de defunción de personas que, aún el Estado sigue buscando porque no fueron localizadas, ni siquiera sin vida. Es decir, que en los supuestos restos o cenizas que encontraron, tampoco se podía determinar científicamente que eran esas personas las que pudieron haber perdido la vida en ese lugar y no hay certeza que eso que se encontró correspondiera a sus cuerpos”, explicó.
En términos del derecho a la identidad de la persona, la especialista destacó que lo realizado por el gobierno de Coahuila vulnera los derechos de las personas desaparecidas y asesinadas, además de las consecuencias que ahora trae a las familias.
En el 2014, varios meses después que el gobierno emprendió un operativo de búsqueda en la Región Norte y rindió un informe sobre lo ocurrido, Moreira Valdez reconoció que fue tierra lo que se entregó a las familias en lugar de evidencias reales de que se trataba de los restos de sus seres queridos.
El Fiscal Especial para el tema Personas Desaparecidas en Coahuila, José Ángel Herrera Cepeda, refirió que la presunta identificación de las 28 víctimas, que como autoridad reconocen, fue aceptada por las familias.
“Fueron identificadas a través de testimonios que se desarrollaron dentro de la indagatoria”, dijo el funcionario al argumentar que en varios casos sí se trató de las declaraciones obtenidas de los perpetradores y corroborada por las familias.
Explicó que no fueron 28 las actas de defunción emitidas, aunque no precisó el número, y aceptó que la identificación de los restos carecía de métodos científicos.
“Fue algo complejo por el estado en que se guardaban los fragmentos y los indicios biológicos que fueron en su momento asegurados y procesados, pero de la mecánica de los hechos y de los testimonios de la propia versión de las familias, hay una situación que permite identificar o posicionar en el lugar de los hechos a cierto número de personas y luego posicionarlas en el lugar donde se mantenían privados de la libertad”, sostuvo.
Puntualizó que en los indicios biológicos asegurados en los ranchos a donde fueron llevadas las personas después de privarlas de la libertad ha sido imposible obtener ADN por el grado de calcinación.
“La identificación por medio del ADN es una parte, pero también hay otros medios de prueba y hay otras situaciones que nos llevan precisamente a identificar a una persona”.
La abogada Ariana García del Bosque resaltó que estos errores cometidos en el pasado imposibilitan trámites que ahora las familias deben realizar, tales como una declaración de ausencia que permita proteger el patrimonio de la persona que fue desaparecida, que sus derechos sigan vigentes en términos laborales y para las prestaciones sociales que deriven.
“Ahora tenemos que preguntarnos cuáles van a ser los daños colaterales si entramos en la revisión de estos procesos. Evidentemente, y no sólo en el caso de Allende sino en desapariciones posteriores, hay tales irregularidades que violentan los derechos tanto de la víctima como del propio perpetrador y lo único que nos traería como consecuencia es la nulidad de un proceso y la libertad de muchos de los posibles perpetradores que están retenidos actualmente. Esto es un tema de doble cara al que el Estado le apuesta para que las familias no griten, no lo hagan público y no reclamen que la identidad de su ser queridos no está plenamente comprobada”.
En su momento la narrativa de que estos restos correspondían a las víctimas de Allende fue presentada por el entonces procurador Homero Ramos Gloria y el subprocurador para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, Juan José Yáñez Arreola. Ambos hoy ostentan el cargo como magistrado en el Poder Judicial, mientras que su jefe en aquel momento, Rubén Moreira Valdez, coordina a los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional.
SANCIONES
De acuerdo con Herrera Cepeda, por los hechos criminales fueron acusadas formalmente 18 personas, nueve de las cuales pertenecen al grupo delictivo y una cantidad similar fueron funcionarios en ese entonces en el municipio de Allende, particularmente elementos de seguridad.
Explicó que la investigación se fragmentó en cinco etapas por la gran cantidad de diligencias, testimonios y asuntos periciales de campo, además de inspecciones ministeriales y otros medios de prueba.
“Hasta ahora se han obtenido 11 sentencias condenatorias cuyas penas oscilan entre los 50 y los 174 años de prisión. Cinco policías municipales fueron sentenciados y el resto son miembros de la delincuencia organizada y el trabajo de la fiscalía actualmente es seguir ubicando a perpetradores a los cuales tenemos identificados algunos por apodos y estamos trabajando en la identidad, primeramente, y luego en la participación que pudieron haber tenido en estos hechos”, puntualizó el funcionario.
La investigación por ello no está cerrada, incluso dejó ver que podrían identificar a más víctimas al igual que a implicados en hechos que llegaron hasta la ciudad de Saltillo, y lo cual no se había dado a conocer anteriormente.
Aunque Ariana García del Bosque señaló que las personas que han sido sentenciadas son de bajo rango, pues en los hechos de Allende también participaron funcionarios que estuvieron involucrados en asesinatos dentro del penal varonil de Piedras Negras.
“Lo complejo aquí es que el propio Estado quiera enjuiciar a sí mismo, porque vemos a muchos de esos altos mandos colocados en puestos estratégicos: en el Poder Judicial como magistrados, en las propias fiscalías con otros niveles, en la propia Secretaría de Seguridad”.
REPARACIÓN DEL DAÑO PENDIENTE
A través de la recomendación emitida por la CNDH se establecieron varias obligaciones para las distintas autoridades del gobierno del estado y el Gobierno Federal.
En lo que corresponde a la reparación del daño, la dependencia que daría seguimiento, además de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.
Sin embargo, el ombudsman local rechazó atender la solicitud de entrevista con el argumento de que las familias pidieron no hacer públicos los acuerdos.
La abogada Ariana García del Bosque desmintió esa versión y dijo que la comisión no ha dado el seguimiento a las acciones con las que se comprometió, entre ellas concretar una reunión entre las familias y el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís
“Esto fue desde inicios del año pasado y durante una reunión plenaria se estableció que la Unidad de Derechos Humanos del Ejecutivo no estaba dando el seguimiento puntual y entonces se encargó a la comisión estatal y a su visitadora general, Gabriela Noguez, para que empezaran con el proceso de documentación y requerir información sobre los avalúos y hasta el momento no se ha hecho ninguna reparación. A mí me requirieron la información y mi respuesta fue que ellos ya la tenían”, precisó.
Dijo que otro pendiente de la autoridad tiene que ver con un listado de personas que fueron desplazadas tras los hechos ocurridos en Allende durante marzo de 2010.
“Si bien es cierto que no todas las familias fueron violentadas en esta parte de tener a una persona desaparecida, lo que sí es que muchas familias de Allende y la región tuvieron que desplazarse hacia otros lugares por la violencia que se estaba viviendo en aquellos tiempos, a grado de que sus casas fueron vandalizadas”.
Cabe precisar que la recomendación de la CNDH establece la obligación para que la autoridad estatal haga un censo e identifique a todas estas familias que fueron víctimas del desplazamiento forzado por la violencia que se vivió en esa temporalidad.
García del Bosque reconoció que con estos datos se ampliaría aún más la población que fue afectada por los hechos violentos de marzo de 2011 y hasta un año después que continuaron diversos actos de violencia y de privación ilegal de la libertad, torturas y detenciones arbitrarias.
Puntualizó que incluso varios integrantes de las familias fueron blanco de abusos por parte de los elementos de las corporaciones municipales, particularmente en el caso del municipio de Allende, y quienes fueron los responsables de entregarlos al grupo criminal, pidieron asilo político en Estados Unidos o quizás, como tienen la doble nacionalidad, decidieron asentarse en ese país y algunos retornaron y se encontraron la pérdida de su patrimonio familiar.
DELITOS DE LESA HUMANIDAD
Los hechos de Allende llegaron a cortes internacionales al documentarse que se trató de delito de lesa humanidad, no se aplicó el protocolo de Minessota que precisa de varios elementos para proceder a la rápida investigación y aseguramiento de las evidencias y a la protección de los derechos de las víctimas.
Aunque no hay aún respuesta, García del Bosque señaló que se cuentan con más elementos para aportar a la petición que se hizo a la Corte Internacional de Derechos Humanos y para lo cual en breve se reunirán con las organizaciones que apoyan el litigio.