Abusos policíacos, corrupción y pérdida de espacio público

Eran las 3 de la mañana del 14 de septiembre del 2021 cuando una cantidad no precisada de elementos de las distintas corporaciones estatales y del municipio de Saltillo, Coahuila, llegó a desalojar de la Plaza de Armas a un grupo de maestros que desde hace años encabezaban protestas por diversas irregularidades en sus prestaciones de seguridad social, en la sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

A esa hora, varios maestros pedían la ayuda de sus compañeros y de algunos medios de comunicación para documentar el abuso policiaco y el atropello ordenado desde Palacio de Gobierno, a cargo de Miguel Ángel Riquelme Solís, quien concluirá su mandato el próximo 30 de noviembre.

De forma simultánea, cuando se realizaba el desalojo y desarmaban las tiendas de campaña que por más de 4 meses se mantuvieron en la Plaza de Armas de la ciudad de Saltillo, los policías instalaban las vallas metálicas con las que el espacio público quedó prohibido para la población en general.

Fue la maestra Heidi Mata quien, a través de sus redes sociales, daba a conocer la forma en la que se llevaron a cabo las acciones de la policía.

“Fuimos desalojados de la Plaza de Armas. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís nos desalojó usando la fuerza pública con más de 100 elementos que se llevaron la planta de luz y se llevaron también todas las lonas que teníamos. Ahí estuvimos por 136 días… Tenemos a varios compañeros que fueron privados de su libertad y vamos a llevarles auxilio”, señaló la maestra Heidi, y aseguró que estaba utilizando otras cuentas de redes sociales en virtud de que le habían restringido las redes con las que normalmente hacía transmisiones en vivo de los actos que llevaban a cabo.

Horas después de los hechos, la maestra narró que prácticamente fue una emboscada, ya que los policías llegaron por el callejón Santos Rojo, la calle Allende y la de Juárez, y sin mediar palabra, comenzaron a destruir las casas de campaña y a arrebatarles las lonas. 

Luego vieron cómo se empezaron a instalar alrededor de la plaza para colocar las vallas que permanecieron por varios meses en el lugar. Hasta hace poco, la valla se redujo sólo a unos cuantos metros de distancia de la entrada principal al inmueble.

El argumento que dieron las autoridades en ese entonces para el desalojo de los maestros, fue que se ocuparía la plaza para llevar a cabo la ceremonia del Grito de la Independencia, y posteriormente sería abierta, pero no sucedió así.

Patricia Nieto llegó al lugar para auxiliar a sus compañeros, pero le impidieron el paso. Más tarde se enteraría que había varios detenidos y que la Fiscalía General abrió indagatorias por delitos desconocidos contra ellos, principalmente contra el maestro Gustavo García, quien ha sido uno de los principales representantes de la llamada Coalición Magisterial.

Hoy se sabe, después de la protesta que en el mes de agosto realizaron los maestros jubilados y pensionados en la Comisión de Derechos Humanos del estado de Coahuila, que la dependencia reabrió los casos, por lo cual, el ombudsman decidió no pronunciarse sobre las quejas interpuestas por el abuso policiaco y de poder que se cometió contra las personas, algunos de ellos adultos mayores.

En el 2018 los maestros vivieron algo semejante, pero en el Congreso del Estado, de donde también fueron desalojados con lujo de violencia por el hecho de manifestarse por ser afectados con los actos de corrupción que han caracterizado al servicio médico y al fondo de pensiones, entre otras de sus prestaciones, mientras que no se ha sancionado a los responsables del desfalco financiero, considerado en varios millones de pesos.

“Que se dé seguimiento a cada una de las 16 denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior del Estado desde el 2015, y en las que se señalan los delitos como fraude, peculado y desvío de recursos. Estos delitos generaron afectación a nuestras instituciones por más de mil 300 millones de pesos”, fue una de las declaraciones que hiciera el maestro García para exigir al gobierno de Riquelme Solís respuestas.

El cierre de Plaza de Armas de la capital de Coahuila dejó un mal sabor entre la población, que se vio imposibilitada para realizar sus paseos por el lugar.

Incluso fueron vistos varios turistas quejarse porque la tradicional fotografía con el fondo de la catedral se la debían de tomar junto con las vallas.

Tras la decisión de Riquelme Solís, las marchas y manifestaciones se realizaron detrás del inmueble público, en la Plaza de la Nueva Tlaxcala.

A dos años del desalojo no existen avances en las investigaciones sobre los desfalcos que por años han denunciado los maestros.

Las irregularidades financieras han provocado desabasto de medicamentos y problemas de liquidez en el fondo de pensiones.

Varios maestros perdieron la vida a causa de distintas enfermedades y no lograron ver castigo a los responsables por el desfalco, y tampoco la recuperación del espacio público.

Horas antes de cumplirse dos años del desalojo, el maestro Gustavo García informó que interpuso una demanda de amparo para impedir la orden de aprehensión que pudiera derivarse, tras la intimidación y hostigamiento judicial del que ha sido objeto.