“Lo que sucedió ahí fue una noche de terror”, asegura Jacqueline Campbell al recordar la violación masiva de parte de militares a varias mujeres que trabajaban como sexoservidores o bailarinas en la zona de tolerancia del municipio de Castaños el 11 de julio del 2006.
Ella y el hoy Obispo Emérito de Saltillo, Raúl Vera López, acompañaron a las víctimas que atemorizadas tuvieron la valentía de llevar a los militares a un proceso civil, el primero en México y prácticamente en toda América Latina. Por este proceso fueron sentenciados cuatro de los ocho detenidos por los hechos esa noche.
Lo que empezó como un pleito entre parroquianos de uno de los negocios y el grupo de militares, terminó en la violación de varias mujeres, una de ellas víctima de cinco militares.
En total fueron 14 mujeres abusadas sexualmente, agredidas física y verbalmente; ellas trabajaban en el bar Las Playas y El Pérsico, lugares que frecuentaban los elementos del Ejército Mexicano en sus tiempos de descanso, pero ese día varios de ellos abandonaron sus puestos para auxiliar a quienes se habían quedado en la riña con los parroquianos.
Las mujeres fueron obligadas a desnudarse, las formaron como si fueran a ser ejecutadas por la espalda; a otras las encañonaron. Después de eso varias trataron de huir corriendo entre el monte y por la carretera hacia Monclova atemorizadas y algunos policías que intervinieron terminaron golpeados.
Los militares pertenecían al 14 Regimiento de Caballería Motorizada que se ubica en Múzquiz, pero también llegaron otros de diversos estados para apoyar en las labores de resguardo del material electoral tras el proceso en el que ganó la presidencia de la República Felipe Calderón Hinojosa, a quien Campbell señala de haber liberado a cuatro de los ocho procesados.
Omar Alejandro Rangel Fuentes fue sentenciado a 41 años de prisión por la violación de cinco mujeres; Fernando Adrián Madrid Guardiola, quien violó a cuatro de las mujeres recibió una condena de 31 años de prisión; Juan José Gaytán Santiago a 21 años, mientras que Ángel Antonio Hernández Niño fue acusado por violar a una mujer y causar lesiones a policías y recibió una sentencia de tres años con 9 meses de prisión.
Sin embargo para el fuero militar, las violaciones no eran delito y en el Consejo de Guerra que se llevó a cabo para juzgar al personal que participó en esa noche de terror, apenas tomó en cuenta el abandono de sus funciones y fueron sentenciados Norberto Carlos Francisco Vargas, subteniente de caballería, a dos años de prisión.
En tanto a Gaitán Santiago, Hernández Niño, Rangel Fuentes y Madrid Guardiola, así como Norberto González Estrada, les aplicaron una condena de un año seis meses.
“Por eso era necesario que nosotros no quitáramos el dedo del renglón en los juzgados civiles. No sabíamos que era la primera vez, no solo en México, sino a nivel latinoamericano donde una mujer violada por un elemento del Ejército, de cualquiera de nuestros países, no había sido juzgado por lo civil y nosotros sí lo queríamos así. No sabíamos las dimensiones”, recuerda Jacqueline Campbell.
Temor y valentía
Cuando Vera López y Campbell llegaron al convento de las hermanas dominicas ubicado en el centro de Monclova, que es la misma orden a la que pertenece el obispo emérito, las mujeres ya narraban la noche que tuvieron que pasar.
“Lo que recuerdo es que vieron en don Raúl la figura de ‘el padrecito’ y se empezaron a dirigir a él como autoridad para contar las cosas, cuando se las estaban narrando al delegado. Acompañamos a las chicas, visitamos el lugar porque regresaron a trabajar al día siguiente como si no hubiera sucedido nada. También vi la bota de un mal militar en la espalda de un policía municipal de Castaños”, puntualiza Campbell.
Sin embargo, recabar los testimonios llevó varios días y, al tercero, los activistas notaron que una de las mujeres llevaba más de 48 horas sin dormir.
En medio de la tormenta que habían vivido, las trabajadoras de la zona de tolerancia sostuvieron una conversación con las monjas y para Campbell fue el descubrimiento del mundo que vivían.
“Fue una conversación frente a nosotros, un ping pong de sorpresa de un lado y también del otro. Nunca voy a volver a tener esa conversación y las monjas pues hoy no se sorprenderán porque han visto muchas cosas después de eso, y seguramente antes de eso también, pero eso fue como muy impresionante”, cuenta la activista.
Al final las mujeres en su mayoría decidieron seguir adelante con la denuncia y aunque fue un proceso desgastante y las siguieron atemorizando, lograron una sentencia histórica.
Corrupción y protección
Las autoridades locales intentaron borrar el caso de las mujeres violadas en Castaños. Era la administración de Humberto Moreira Valdés como gobernador y su procurador, Jesús Tores Charles, incluso acusó a Campbell de haber inventado la tortura, violación y amenazas de las mujeres.
La llamó y le dijo que sabía que había pagado 500 pesos a una de las trabajadoras para que inventara todo.
“Me acuerdo perfecto que le dije: ‘imagínate entonces todo lo que hicieron 500 pesos; todo lo que me rindieron porque mira todo el escándalo que hay en todos estos meses con todas las dependencias de seguridad, con el vuelo de varios militares que me trajiste (de otros estados a donde regresaron o huyeron) y para que todo sea un invento”, rememora Campbell.
Según recuerda, sí hubo quien recibió dinero de los militares para que desistiera de sus declaraciones, pero las demás no lo hicieron.
Incluso el juez Hiradier Huerta hizo una rueda de prensa para señalar el supuesto invento de la defensora de derechos humanos y quien en ese entonces era la única mujer que ocupaba un área de Comunicación Social dentro de la jerarquía en la iglesia católica. En esa actividad con la prensa, ella estuvo presente y varios se burlaron cuando se le dijo al juez que ahí estaba presente.
En una misa, Raúl Vera López llamó rufián al juez por la forma cómo estaba llevando el proceso. Huerta, junto con un cura que es abogado, partió a Roma para pedir en el Vaticano la destitución del hoy obispo emérito, pero por la forma en que lo hizo jamás tomaron en serio sus acusaciones.
Aunque el proceso ya había terminado, tanto Vera como Campbell seguían siendo hostigados por elementos militares lo que provocó que ella tuviera que salir del país.
A la distancia
Al cumplirse 19 años de lo ocurrido en aquellas cantinas de Castaños, la defensora Jackie Campbell reflexiona y asegura que de volver a ocurrir una situación así duda si habrá quien acompañe a las víctimas.
Aunque reconoce que hoy existen colectivas y feministas que podrían hacerlo, también lamenta que muchas responden a los intereses de algún partido político.
“No sé qué haríamos si volviera a pasar porque no veo a mucha gente, sean hombres o mujeres, que se atrevan a denunciar a un soldado. Ahora no sé si aún hay personas detenidas, pero durante la pandemia una mujer nos aseguró que su esposo era el único que seguía en prisión y ni siquiera un abogado les puso la institución”.
Jacqueline Campbell concluye que puede haber muchos casos en México de violencia sexual contra mujeres por parte de elementos de la Secretaría de Defensa Nacional y desde el gobierno del presidente Calderón se dejó claro que esta institución era quien mandaba.
“Ahora se sigue militarizando al país y hay sociedades que quieren que los militares estén en sus comunidades, en sus colonias y en sus ciudades porque se sienten tranquilos, pero yo siempre voy a decir que donde haya un cuartel habrá violaciones”.